El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se manifestó en desacuerdo con el decreto que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Sedena, advirtiendo que esta medida podría poner en riesgo el balance institucional de seguridad en el país.
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se pronunció en desacuerdo con la reforma aprobada recientemente por la Cámara de Diputados, que transfiere la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Galindo señaló que esta modificación rompe el equilibrio constitucional, ya que se otorga mayor poder a las fuerzas militares en detrimento de las autoridades civiles.
El mandatario municipal, quien tiene una trayectoria como excomisionado de la Policía Federal, subrayó que su inconformidad no se basa en aspectos operativos de seguridad, sino en la preservación del balance institucional que deben mantener las fuerzas civiles frente a otras instancias de seguridad. “No es por un tema policial, es otra vez un tema de equilibrio constitucional. Las fuerzas civiles, me incluyo porque soy jefe de la policía municipal, tenemos una función constitucional en el país que es generar equilibrio frente a otras fuerzas”, explicó.
A pesar de su postura crítica, Galindo aclaró que esta reforma no significa necesariamente una militarización completa del país, aunque sí considera que existen indicios preocupantes de que la seguridad pública podría estar encaminándose hacia una mayor influencia militar. “No se puede pensar en que se haya militarizado el país, pero sí hay indicios de que se militariza la seguridad pública”, indicó.
El alcalde también expresó su respeto por la labor del Ejército y destacó su admiración hacia los militares, pero insistió en que no se debe sacrificar el equilibrio constitucional. “A los militares los admiro por su trabajo, y al Ejército lo admiro, pero no puede romperse el equilibrio constitucional”, puntualizó.
La reforma constitucional que traspasa la Guardia Nacional a Sedena ha generado un intenso debate a nivel nacional, ya que implica un cambio significativo en la estructura de seguridad pública del país. Organizaciones civiles y algunos actores políticos han expresado preocupación por la posible militarización de la seguridad, mientras que otros sectores argumentan que la reforma fortalecerá la capacidad de respuesta del Estado ante la violencia y el crimen organizado.