A pocas horas de que la nueva legislatura de San Luis Potosí tome protesta, la diputación del panista Marcelino Rivera Hernández pende de un hilo por una inhabilitación de 20 años, derivada de presunto desvío de recursos durante su gestión como alcalde. ¿Tomará su lugar o será excluido del Congreso?
A un día de que la LXIV Legislatura de San Luis Potosí tome protesta, la situación del diputado plurinominal electo por el Partido Acción Nacional (PAN), Marcelino Rivera Hernández, sigue en el aire. El exalcalde de San Martín Chalchicuautla enfrenta una inhabilitación de 20 años por presunto desvío de recursos públicos, lo que pone en riesgo su incorporación al Congreso.
El pasado 24 de mayo de 2024, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) notificó al Congreso del Estado sobre la sanción impuesta a Rivera Hernández. Esta inhabilitación, derivada de una auditoría a su gestión como presidente municipal entre 2012 y 2015, le impide ocupar cualquier cargo público hasta 2044 y además incluye una multa de 779,075 pesos. Las irregularidades detectadas en la revisión de la cuenta pública de ese periodo, según el IFSE, no fueron solventadas de manera satisfactoria, lo que derivó en el proceso sancionador.
A pesar de haber sido notificado sobre esta inhabilitación antes del proceso electoral del 2 de junio, Rivera participó en la contienda y fue declarado ganador. Ocupando la segunda posición en la lista plurinominal del PAN, su situación ha generado incertidumbre entre las autoridades del Congreso y los órganos jurisdiccionales, que aún no emiten una resolución definitiva sobre su caso.
La expectativa en torno a su posible exclusión de la LXIV Legislatura ha aumentado, ya que mañana, 14 de septiembre, es el día en que los nuevos diputados tomarán protesta. Sin embargo, al no haberse resuelto la situación legal de Rivera Hernández, no se tiene certeza de si podrá asumir su cargo o si será su suplente, Enrique Gerardo Ortíz Hernández, quien tome su lugar.
El IFSE confirmó que Rivera Hernández incumplió los artículos 79 y 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, que regulan la actuación de los funcionarios y sancionan el uso indebido de recursos públicos. Esta inhabilitación pone en duda su capacidad para ejercer como legislador, mientras que otros procesos relacionados con su gestión como alcalde podrían continuar abiertos.
A horas de que se lleve a cabo la toma de protesta, el Congreso del Estado se mantiene a la espera de la resolución final de los órganos jurisdiccionales, así como de la integración oficial de la legislatura que será determinada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.