Contralor señala al Ayuntamiento de San Luis Potosí como principal responsable de la tragedia en el antro ‘Rich’; supervisión pudo haber evitado el desastre.
El contralor del estado, Sergio Aguiñaga, señaló directamente al Ayuntamiento de San Luis Potosí como el principal responsable de la tragedia ocurrida en el antro “Rich”, donde la falta de medidas de seguridad habría provocado la muerte de varias personas. En declaraciones recientes, Aguiñaga explicó que el municipio tiene la responsabilidad de verificar que las construcciones y establecimientos cuenten con las condiciones adecuadas para su operación.
“La carga total la tiene el municipio de San Luis Potosí, porque él es el encargado justamente de ir a revisar las verificaciones, desde la construcción del inmueble, que realmente tenga adecuadas las condiciones de poder ocuparse”, subrayó Aguiñaga, refiriéndose a las obligaciones que las autoridades locales deben cumplir en términos de supervisión y regulación de negocios que albergan eventos masivos.
El contralor también explicó que, si bien su oficina continuará investigando los aspectos estatales del incidente, es el órgano interno de control del municipio quien debe encargarse de los funcionarios locales implicados en el caso. “Ahí le toca al órgano interno de control del municipio llevar esa parte de la investigación dentro de su ámbito”, añadió Aguiñaga, dejando entrever que la responsabilidad administrativa recae sobre las autoridades municipales.
Este señalamiento refuerza las críticas que ya se han dirigido al Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, por posibles omisiones en la supervisión de los protocolos de seguridad y protección civil. Desde que ocurrió el trágico incidente, diversas voces han exigido respuestas más contundentes de las autoridades municipales sobre las condiciones en las que operaba el antro, así como sobre la falta de revisiones previas que hubieran podido prevenir la tragedia.
La falta de verificación adecuada de permisos de operación y de las condiciones estructurales del inmueble ha sido un punto central de la controversia. Aguiñaga indicó que la tragedia podría haberse evitado si se hubieran realizado las inspecciones correspondientes y en tiempo adecuado. Las investigaciones están en curso, pero hasta el momento, no se han deslindado responsabilidades concretas sobre los funcionarios municipales.
El pronunciamiento del contralor ha intensificado la presión sobre el Ayuntamiento, que deberá responder no solo ante las demandas ciudadanas, sino también a los resultados de las investigaciones internas. Sin embargo a 3 meses de la tragedia, el ayuntamiento no ha emitido ninguna responsabilidad al respecto por l tragedia en la que dos jóvenes murieron y ocho más resultaron heridas.