“Ciudadanos Observando” denuncia que el Ayuntamiento de San Luis Potosí ha adoptado medidas de cobranza agresivas tras la reelección de Enrique Galindo, cargando costosas tarifas a los contribuyentes morosos y generando un clima de intimidación similar a administraciones pasadas.
La organización “Ciudadanos Observando” ha alzado la voz para denunciar lo que consideran un uso desmedido y agresivo de medidas de cobranza por parte del Ayuntamiento de la capital potosina, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos. Según la organización, esta situación se ha intensificado tras la reelección del alcalde, lo que ha generado un clima de descontento entre algunos contribuyentes.
De acuerdo con la denuncia, varios ciudadanos que no han podido estar al corriente con el pago del predial correspondiente al año 2024 han recibido cartas que, además de recordarles su obligación, incluyen costos adicionales por el envío de las mismas. Estos cargos, que ascienden a 542.85 pesos por carta, se suman a las multas y recargos ya aplicados a las deudas existentes. En algunos casos, estos montos adicionales han duplicado o triplicado la cantidad inicial adeudada, lo que ha generado una fuerte reacción entre los afectados.
La organización detalla un caso particular donde un contribuyente con una deuda original de 434 pesos ha visto cómo su cuenta se incrementó a 1,204 pesos tras la aplicación de multas, gastos por la carta enviada, y recargos por actualización. Este tipo de prácticas ha sido comparado con las acciones tomadas durante la administración de Victoria Labastida, donde las notificaciones de cobro se realizaban a través de enormes calcomanías adheridas a las puertas de las viviendas, lo que también generó controversia en su momento.
El director de ingresos del Ayuntamiento, Luis Manuel Martínez Camacho, ha sido señalado por “Ciudadanos Observando” como el responsable de implementar estas medidas. La organización critica que este tipo de estrategias no se hayan aplicado durante el período de campaña electoral, sugiriendo que el comportamiento del Ayuntamiento ha cambiado drásticamente una vez asegurada la reelección del alcalde. Este contraste ha sido calificado por la organización como un acto de “hipocresía”, argumentando que durante la campaña se adoptó un tono conciliador para ganar votos, pero que ahora se recurre a la intimidación para asegurar la recaudación.
Desde el punto de vista de la organización, aunque es legítimo que el gobierno municipal exija el cumplimiento de las obligaciones fiscales, también es imperativo que estos ingresos se traduzcan en mejoras tangibles para la ciudadanía. La denuncia subraya la necesidad de que el Ayuntamiento responda de manera efectiva con servicios públicos de calidad, como el mantenimiento de calles y la provisión de alumbrado público, aspectos que han sido objeto de quejas recurrentes por parte de los ciudadanos.
Por su parte, la organización ha sugerido que los ciudadanos afectados por estas medidas pueden impugnar los cobros ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), buscando así una revisión de las acciones del Ayuntamiento.