La discusión legislativa continúa en San Luis Potosí, con el objetivo de encontrar consensos que permitan resolver esta situación de manera conforme a la ley, asegurando la continuidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua para la población.
La discusión sobre la posible desintegración del Interapas (Interapas) en San Luis Potosí ha generado un intenso debate entre legisladores locales, marcado por posturas divergentes respecto a la legalidad y los procedimientos constitucionales involucrados.
El diputado José Luis Fernández Martínez afirmó recientemente que el decreto de creación del Interapas concede al Poder Legislativo la facultad para disolverlo, asegurando que esta acción no generaría controversias constitucionales. Sin embargo, esta afirmación fue cuestionada por su colega, el diputado Edmundo Torrescano Medina, quien enfatizó que ningún decreto puede estar por encima de la Constitución.
“En la época cuando se dictaminó el decreto de creación del Interapas, no se veían situaciones como la que se presentan en el municipio”, expresó Torrescano Medina, subrayando la importancia de respetar los principios constitucionales y establecer un mecanismo legal que garantice la legalidad en la posible disolución del organismo.
El legislador destacó la necesidad de encontrar un procedimiento eficaz, rápido y libre de burocracia para la desaparición del Interapas, asegurando que cualquier acción debe estar estrictamente alineada con la Constitución General y las leyes estatales.
El contexto de este debate surge ante la propuesta de que los servicios del Interapas sean administrados temporalmente por la Comisión Estatal de Agua (CEA) durante el proceso de liquidación del organismo. Esta medida ha sido vista como una solución transitoria mientras se define el futuro del suministro de agua en la región.
La discusión legislativa continúa en San Luis Potosí, con el objetivo de encontrar consensos que permitan resolver esta situación de manera conforme a la ley, asegurando la continuidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos esenciales como el abastecimiento de agua para la población.