La diputada Gabriela Martínez Lárraga dijo que, de la mano de colectivos
nacionales y locales, así como de la ciudadanía, dará seguimiento para
que se aplique la Ley 3 de 3 contra la violencia en el estado de San Luis
Potosí, la cual busca que ninguna persona que sea deudora de pensión
alimentaria, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar,
pueda tener un cargo de elección popular o un empleo en cualquiera de
los tres órdenes de gobierno.
Estableció que la minuta con carácter de decreto constitucional,
proviene de una iniciativa ciudadana y ya fue recibida en el Congreso del
Estado; sin embargo, se tiene hasta el próximo 24 de mayo para
resolver el tema.
“San Luis Potosí no puede ser omiso en un tema que es fundamental
para las mujeres y niñas potosinas, tenemos muy poco tiempo para
resolver de manera positiva y unirnos a los esfuerzos de los colectivos y
de la ciudadanía para erradicar la violencia que tanto lastima el tejido
social”.
Destacó que uno de los puntos más importantes es la reforma en los
artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para suspender los derechos políticos de las personas que
son deudoras alimentarias, acosadores y agresores familiares.
Hizo hincapié en que 17 Estados ya aprobaron la reforma constitucional,
por lo que consideró que San Luis Potosí no puede quedarse fuera de los
esfuerzos y la lucha por conseguir la erradicación de la violencia que
lacera y lastima a mujeres y niñas potosinas.