En tribuna del Pleno del Congreso del Estado, el diputado José Luis
Fernández Martínez, pidió a la Directiva y a las comisiones
dictaminadoras que se convoque a un gran Parlamento Abierto para
discutir a través de foros y consultas la iniciativa de reforma al Código
Penal del Estado, para aumentar los mínimos y máximos de las
penalidades del delito de violación, así como adicionar la medida de
seguridad el uso de tratamiento médico mediante el uso de fármacos, y
terapia psicológica y/o psiquiátrica, conocido como castración química.
A la iniciativa presentada por las y los legisladores del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), se
adhirieron en sesión ordinaria, las y los diputados del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Yolanda Josefina Cepeda Echavarría,
Edmundo Azael Torrescano Medina y Alejandro Leal Tovías; el diputado
por el Partido Acción Nacional (PAN), Juan Francisco Aguilar Hernández;
y de MORENA, la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández.
El diputado José Luis Fernández Martínez, coordinador del Grupo
Parlamentario del PVEM, señaló en tribuna, “solicito a las comisiones de
dictamen y a la Directiva del Congreso del Estado para que se abran
ciclos de foros y consultas para invitar a académicos, a la Comisión
Estatal y Nacional de Derechos Humanos, a la Fiscalía General del
Estado, al Poder Judicial y representantes de los colectivos defensores
de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos para discutir
esta iniciativa”.
“Debemos convocar un gran Parlamento Abierto para escuchar a todas y
todos, para construir juntos una norma que deje ser idea de dos
fracciones parlamentarias y que se convierta en una norma para el
estado de San Luis Potosí, que sea la sociedad quien decida como
enfrentar el delito de violación”.
Puntualizó que, la idea legislativa que se presenta tiene que ver con uno
de los hechos que más lastima a la sociedad, porque, sin duda el delito
de la violación genera daños y agravios permanentes en las victimas y
un gran enojo en la comunidad.
Se propone un aumento importante en las sanciones en contra de quien
cometa el delito de violación. Actualmente la ley establece una pena de
3 a 8 años de prisión a quien cometa este delito, la propuesta es que
aumente de 10 a 20 años de prisión.
“También propone la oportunidad de explorar otros medios que pudieran
generar medidas de garantía a favor de las víctimas y de la sociedad, se
trata de un modelo inédito y novedoso que tiene como objetivo
garantizar que estas conductas no se repitan en el estado”.
“Si logramos una norma que incluya el uso de sustancias hormonales
para inhibir este delito lograremos estar a la vanguardia y a la altura de
países de primer mundo. Esta no es idea descabellada, ya opera en
otros países, existe un modelo en España y en Francia y, en Estados
Unidos de Norteamérica lo utilizan como una medida de control en las
penitenciarías”, puntualizó.
La iniciativa fue turnada para su análisis y discusión a las comisiones de
Justicia; Derechos Humanos; Salud y Asistencia Social; Igualdad de
Género.