El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley para la Prevención y
Manejo Integral e Institucional de los Incendios Forestales para el
Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de lograr una mayor
coordinación y proporcionar las herramientas necesarias a las
instituciones encargadas de la prevención y combate a estos siniestros.
La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán señaló que, “corresponde
a los estados y municipios el regular el uso del fuego en las actividades
relacionadas con el sector agropecuario, o de otra índole que pudieran
afectar secundariamente los ecosistemas forestales, y llevar a cabo las
acciones de prevención, capacitación, certificación del personal y el
combate a los incendios forestales en coordinación con las autoridades
federales”.
Indicó que, “la mayoría de los incendios son causados por la acción del ser humano,
por lo que la Ley prevé la importancia de atender los calendarios de quemas,
los que a su vez son regulados por Normas Oficiales Mexicanas.
En ese sentido resulta importante que desde la
norma vigente, se haga énfasis en la observancia de dicha NOM, así
como de la importancia del uso de las brechas anti fuego”.
La iniciativa reforma el artículo 34, de la Ley para la Prevención y
Manejo Integral e Institucional de los Incendios Forestales para el
Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:
Artículo 34. La SEDARH y la CONAFOR, en coordinación con los
ayuntamientos, emitirán anualmente un calendario de quemas, el cual
contendrá específicamente las fechas y horarios permitidos para hacer
quemas atendiendo a las normas oficiales aplicables, así como las zonas
prohibidas para tal actividad, señalando prioritariamente las zonas
críticas de incendios forestales a que se refiere el artículo 4° de este
Ordenamiento.
Artículo 36. Las autoridades del Estado y de los municipios, están
obligadas a prestar todo el auxilio oportuno y necesario para evitar que
con motivo de la quema, se produzcan o se propaguen incendios
forestales, interviniendo con todos los medios a su alcance, haciendo
énfasis en el uso de brechas corta fuego o líneas negras, de acuerdo o
en coordinación con las autoridades federales, para combatirlos
eficazmente.