La Comisión de Derechos Humanos analizará la iniciativa que propone
expedir la Ley de Protección para las Personas Cuidadoras en el Estado
de San Luis Potosí, la cual será una herramienta importante para la
creación de una política pública que apoye y atienda a las necesidades
de quienes se encargan del cuidado de personas con discapacidad, o
adultos mayores, señaló la diputada Gabriela Martínez Lárraga,
presidenta de esta comisión legislativa.
“Esta ley sería la primera a nivel nacional, y va empujar una nueva
política pública para el estado, porque tenemos que trabajar de manera
transversal, y vamos a hacer mesas de trabajo con diversas
dependencias que están involucradas la Secretaría del Trabajo, con
Desarrollo Económico, SIFIDE, Salud, y las dependencias del Ejecutivo
involucradas las vamos a convocar para enriquecer esta ley y que
podamos tener un padrón de cuidadores para que los empleadores
sepan que hay un cuidador en sus filas y poder tener esa flexibilidad, y
ver cómo se les puede incentivar y apoyar para que puedan
emprender”.
Reconoció el esfuerzo y las manifestaciones que han realizado las
organizaciones de cuidadoras y cuidadores por visibilizar su situación,
porque su labor es muy importante para la atención de personas con
discapacidad, de adultos mayores, o de quienes por alguna circunstancia
requieren asistencia completa, la cual es prestada por sus familiares
directos, quienes en la mayoría de los casos no cuentan con recursos
económicos suficientes y por lo regular pierden sus empleos formales.
“Siempre hablamos de las personas con discapacidad, pero no hablamos
de las personas cuidadoras que están 24/7 y de verdad esas personas
que se encargan de cuidarlos pierden sus trabajos porque tienen que
estar llevándolos constantemente al doctor, hay personas que tienen
discapacidades crónicas o que cuidan a personas adultos mayores que
se necesitan todo el tiempo y si no se tienen las condiciones para
contratar a una persona, literalmente viven para ellos, y el estado ha
sido omiso en protegerlos y reconocerlos”.
Agregó que con esta nueva legislación, se pretende lograr la plena
protección e inclusión a la sociedad de las personas cuidadoras, a través
de su acceso a los programas y políticas públicas que deberán diseñar
las autoridades competentes, en la que se observará la
transversalización de la perspectiva de derechos humanos, de género,
de interculturalidad, de infancia, y de discapacidad, así como el principio
pro persona.
Se establece el Sistema Estatal de Cuidados, como un conjunto de
dependencias públicas que deberán desarrollar acciones, programas, y
políticas públicas que tienen como centro a las personas cuidadoras y
que son necesarias para atender a quienes requieren de cuidado,
garantizando sus derechos y fomentando su autonomía.
Se busca que a través del DIF Estatal se cuente con una base de datos
con el padrón de las personas cuidadoras, así como de aquellas que
deberán estar inscritas a los programas que se implementen por parte
de las autoridades de la administración pública; así como una
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Regional
(SEDESORE) para crear políticas públicas que permitan la creación
gradual de un programa de apoyos y subsidios para personas
cuidadoras y destinatarias de cuidados, entre otras acciones.