Con el objeto de que el Impuesto sobre Hospedaje que recauda la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado se destine
exclusivamente a promoción, planeación y apoyo al turismo estatal, el
diputado José Ramón Torres García propuso una iniciativa que plantea
adicionar al artículo 32 párrafo cuarto de la Ley de Hacienda para el
Estado de San Luis Potosí.
La iniciativa plantea que adicionalmente, se transparente anualmente el
monto detallado de lo recaudado, y que se otorguen estímulos fiscales a
las personas físicas o morales que presten el servicio de hospedaje
mediante la modalidad eco turístico y/o sean sustentables con el medio
ambiente.
En su exposición de motivos, el legislador indica que el turismo debe de
constituirse en una importante palanca del desarrollo para las regiones
del Estado, considerar sus vertientes, como pueden ser turismo de
aventura, cultural, gastronómico y ecológico.
Agrega que entre los prestadores de servicio que serían beneficiados
serían aquellos que cuenten y ofrezcan técnicas para preservar el medio
ambiente; usen materiales reciclados en sus proyectos de construcción,
mobiliario o equipamiento o ampliación, instalación de paneles solares
y/o térmicos; cuenten con cámaras que filtren los desechos de los
inodoros; tengan Sistemas de riego ahorradores; reduzcan
considerablemente el uso de plástico; utilicen productos biodegradables,
sensores de luz inteligentes, y respeten la tradición y la cultura local, el
paisaje rural y la biodiversidad de su entorno, además de ser
responsable socialmente, entre otros.
Indica que se estima que desde el año 2016, el estado ha recibido más
de dos millones de visitantes por año. En 2018 la ocupación hotelera
promedió casi el 60.7%, generó más 15,000 empleos y registró una
inversión privada superior a los 10.3 millones de dólares.
Antes de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 la ocupación en
las cuatro zonas del estado representaba un crecimiento del 6 %.
Se indica que el origen del Impuesto sobre Hospedaje debe ir
encaminado con los principios de transparencia, eficacia y eficiencia en
el manejo del recurso público, además de que su creación data del año
1999, sin que se haya puesto especial atención en la evolución del
mismo en los efectos en el medio ambiente.
La iniciativa se encuentra en análisis en la Comisión de Hacienda del
Estado.