CIUDADANOS OBSERVANDO DENUNCIA QUE NO HAN SOLVENTADO OBSERVACIONES HECHAS POR LA ASF.
San Luis Potosí, SLP., 13 julio 2021.- Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización “Ciudadanos Observando” dio a conocer que a pesar de que la ley de auditoria es tan blanda, los parques Tangamanga I y II, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), Fiscalía General, Museo del Virreinato, Promotora del Estado y el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, no han podido aclarar el destino de 81.8 millones de pesos de recursos federales.
De acuerdo al oficio entregado al mandatario estatal de San Luis Potosí Juan Manuel Carreras con folio EESII/PO-0019/2021 por la Auditoría Superior de la Federación con fecha del 28 de junio del 2021 ( del cual Ciudadanos Observando cuenta con una copia oficial ), se detalla que existen múltiples incumplimientos de diversos organismos que no pudieron solventar las observaciones detalladas en el pliego con clave 2018-A-2400-19-1272-06-002, las cuales suman 81 millones 820 mil 709 pesos relacionados con el ejercicio fiscal 2018.
En la respectiva auditoria federal, se detectó un desorden financiero, pago de facturas presuntamente apócrifas, uso de empresas presuntamente fantasmas, falta de documentos comprobatorios, falta de estados de cuenta que validen las transferencias de recursos, pago de facturas duplicadas y el pago de nóminas con anomalías entre las muchas irregularidades.
Según se consigna en la página de Ciudadanos Observando, el organismo que se lleva el monto más alto y que no pudo aclarar absolutamente nada, es el CEEPAC con 19.3 millones de pesos, seguido por el DIF Estatal que de 23.2 millones de pesos, no pudo acreditar 18.7 millones y el tercero con el monto más alto, es la Fiscalía General del Estado con un monto de 13.5 millones.
El Supremo Tribunal de Justicia tiene pendientes por aclarar 8.1 millones de pesos.
Respecto a la administración de Juan Manuel Carreras, los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga I y II después de estos 3 años, no pudieron acreditar 5.6 millones de pesos, donde el organismo fiscalizador detectó registros duplicados, pago de facturas presuntamente apócrifas, facturas pagadas que luego fueron canceladas y reexpedidas por otro proveedor por un monto de 592 mil pesos, faltante de estados de cuenta bancarios y faltante de documentos comprobatorios.
El documento de la Auditoría Superior de la Federación, concluye que, se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 81 millones 820 pesos 709 pesos, más los rendimientos financieros que se generen hasta su reintegro. Sin embargo, después de estos años, la ley sobre la materia es tan blanda, que todavía les permite otros 30 días para que los entes puedan presentar información y realicen las consideraciones que crean pertinentes. Es claro, qué ante tantas consideraciones para los funcionarios corruptos, estos procedimientos ridículos, sean una tentadora invitación para seguir saqueando impunemente los recursos públicos.