• Si hay una investigación por evasión fiscal contra el diputado federal por SLP, por 16 mdp de ISR.
San Luis Potosí, SLP.- El columnista del periódico digital El Universal, Raúl Rodríguez Cortés, respondió esta mañana en su espacio al diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, sobre la publicación que realizó recientemente, respecto del estatus que mantiene el legislador entorno a una investigación por la evasión fiscal de 16 millones de pesos, proceso, que arrastra desde septiembre del 2015.
Rodríguez Cortés, a petición de Gallardo Cardona, sostuvo que el “corno es regla del rigor periodistico” por lo que presentó pruebas sobre el proceso que mantiene, a cinco años de la excarcelación del servidor publico en diciembre del 2015, por los delitos de delincuencia organizada y desvío de recursos.
El columnista, fue enfático al señalar que el legislador federal justifica la publicación de lo que el considera un texto en su contra, a los procesos electorales que se vienen dentro de la entidad potosina, donde Gallardo busca ser el próximo gobernador, a pesar de las acusaciones que pesan en su contra por múltiples delitos, a lo que el periodista responde textualmente “Tiene razón: creemos que el ciudadano debe tener información fehaciente y suficiente para saber a quién favorecerá con su voto”.
Dicho lo anterior, Rodríguez presenta las pruebas exigidas por Gallardo Cardona, y que constan de documentos del Tribunal Unitario del Noveno Circuito, que será el encargado de resolver el curso de la investigación, en la que se detalla la acusación de evasión fiscal aún no resuelta por los órganos jurisdiccionales.
En su sustento de temporalidad, Raúl Rodríguez señala que en enero del 2015 en entonces alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, solicitó licencia al cargo para buscar la candidatura mediante el PRD a la gubernatura del estado, sin embargo, fue impedido de seguir con sus aspiraciones políticas debido a que fue detenido por la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, acusado de delincuencia organizada y de desviar fondos a empresas de las que, se aseguraba, era accionista, se lee en la columna.
Tras ello, Gallardo Cardona fue ingresado al Cefereso de Hermosillo, Sonora, para luego ser trasladado al penal de máxima seguridad de Ocampo, Guanajuato.
Fue en septiembre del 2015, cuando la SEIDO de la Procuraduría General de la República (PGR), y la Procuraduría Fiscal de la Federación, abrieron la averiguación UEIORPIFAM/AP/292/2014 contra Gallardo, al sospechar la posible comisión de defraudación fiscal equiparada.
Tres meses después, en diciembre del 2015, el acusado de delincuencia organizada y de desvío de recursos, fue excarcelado, tras que se determinaran fallas al debido proceso, donde se señaló al ex secretario de Gobernación, el hidalguense, Miguel Ángel Osorio Chong, de haber intervenido a favor de Gallardo Cardona para que quedara en libertad a casi un año después de haber sido aprehendido, ello, por petición del ex delegado de la SCT en el estado, César García Coronado, apodado “El Rey del Moche”, ligado a la familia de “Los Pollos”
A pesar de ello, la investigación por evasión fiscal mantenía su curso y fue el 15 de enero de 2016 cuando la Secretaría de Hacienda presentó formal denuncia por 9 millones de pesos del ISR, correspondientes al ejercicio fiscal de 2012 que no habían sido pagados a la dependencia, cuyo monto, fue ampliado a 7 millones de pesos más en noviembre del 2017.
De allí, como cualquier hijo de vecino, Hacienda sufrió un calvario, pues la investigación fue turnada al Juzgado Cuarto de Distrito de SLP, que se declaró impedido para conocer la causa “por cuestión de sistema penal” y declinó la competencia al Centro de Justicia Penal Federal de SLP, que también se declaró incompetente. Éste, sin embargo, fue declarado competente por el Tribunal Unitario del Noveno Circuito, refrenda Raúl Rodríguez, con documentos en mano.
Abuna en la columna de su autoría, que el 17 de octubre de 2019, el MP de la Federación emitió un decreto de no ejercicio de la acción penal que la Procuraduría Fiscal impugnó el 9 de enero de este año ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México que, a su vez, se declaró legalmente incompetente para conocer de ese recurso el 11 de febrero, porque el caso ya se había judicializado en el Centro de Justicia Penal Federal de SLP.
“A partir de ahí se desató un conflicto competencial en cuyo debate la parte acusada ha argumentado la prescripción del delito, lo que dio lugar a que la Procuraduría Fiscal solicitara, como parte afectada, un amparo indirecto contra las disposiciones de los órganos jurisdiccionales, solicitud que fue hecha el pasado primero de julio al Tribunal Unitario del Noveno Circuito”, asevera el columnista.
El proceso entonces se torna largo, pero Hacienda se mantiene firme y el pasado 1 de julio del 2020, solicitó un juicio de amparo indirecto a través de la Procuraduría Fiscal, mismo que el Tribunal Unitario del Noveno Circuito turnó la solicitud nuevamenre al Juzgado Cuarto de Distrito que el tres de julio pasado se declaró incompetente para atender el caso.
Sobre ello, el Tribunal Unitario deberá resolver en los próximos días el curso de la investigación, que responde Raúl Rodríguez Cortés a Galllardo Cardona, “si, sigue vigente”.
Enlace “EL UNIVERSAL ON LINE” https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raul-rodriguez-cortes/un-diputado-en-aprietos-legales