La legisladora Gabriela Martínez Lárraga impulsa una iniciativa que
propone incluir como faltas administrativas graves el hostigamiento y
acoso sexual en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de San Luis Potosí, el objetivo es prevenir y, en su caso, impedir
la impunidad de estas conductas en el campo laboral desde una
perspectiva de género.
La propuesta busca reformar el artículo 56 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas para quedar de la siguiente manera:
“Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para
realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un
beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 51
de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio
público; o cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las
conductas descritas en el artículo 4º fracción XVI, de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.
En su exposición de motivos, la diputada Martínez Lárraga explicó que la
Organización Internacional del Trabajo se ha propuesto promover la
igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres accedan
a un trabajo bien remunerado, productivo y realizado en condiciones de
libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.
“A pesar de estos esfuerzos, la realidad de las mujeres en el campo
laboral, siempre ha sido de desventaja respecto a los hombres por
circunstancias desiguales como la negativa de contratación en relación
con el embarazo, el pago de salario desigual por trabajo del mismo
valor, la falta de capacitación, la ausencia de ascensos, el acoso
psicológico, así como el hostigamiento y acoso sexual, por mencionar
algunas conductas, éstas últimas, cada vez más recurrentes”, indicó.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.