El diputado Cuauhtli Badillo Moreno presentó una iniciativa que busca
adicionar el artículo 111 Bis a la Ley del Sistema de Seguridad Pública
del Estado de San Luis Potosí, para que las instituciones de seguridad
pública puedan adquirir equipos que permitan bloquear o anular de
manera permanente las señales de telefonía celular, de
radiocomunicación, o de trasmisión de voz, datos o imagen en el
perímetro de Centros de Reinserción Social, establecimientos
penitenciarios o centros de internamiento para menores, cualquiera que
sea su denominación.
Se propone que dichos equipos serán operados por autoridades distintas
a las de los establecimientos penitenciarios en centros remotos y serán
monitoreados a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
a través del C4 y/o C5i2.
El bloqueo de señales a que se refiere este artículo se hará sobre todas
las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción en los equipos
terminales de comunicación móvil y en ningún caso excederá de 20
metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos, a fin
de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios a los usuarios
externos.
En la exposición de motivos, el legislador indica que se busca con ello,
inhibir el uso de celulares o aparatos de comunicación que puedan ser
utilizados desde el interior de los penales para la comisión de delitos,
desde extorsiones hasta robos, por lo cual se pretende establecer
acciones para evitar estos ilícitos.
Señala que es necesario y urgente frenar en la medida de lo posible este
tipo de delitos en los centros de reinserción de esta entidad, con el fin
de proteger a la población de este tipo de ilícitos que generan no solo la
pérdida del patrimonio económico en muchos casos, sino también la
pérdida de la tranquilidad y la seguridad.
Agrega que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en
su artículo 2º menciona que la seguridad pública es responsabilidad del
Estado, cuyo fin es salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, preservar las libertades, el orden y la paz pública.
“Por esta razón, es nuestro deber como legisladores hacer lo
conducente, posible y necesario para obstaculizar este tipo de hechos,
pues, aunque a nivel Federal se encuentre plasmado y obligado el uso
de estos aparatos inhibidores de señales, en San Luis Potosí no existe
una Ley que defina y regule claramente la utilización de estos equipos
en los centros de reinserción”.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Seguridad
Pública, Prevención y Reinserción Social.