
DIP. MARTHA BARAJAS GARCÍA, PROMUEVE REFORMAS A LA LEY DE
PROTECCIÓN AL EJERCICIO DEL PERIODISMO DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ, PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN A LOS PERIODISTAS.
SE BUSCA QUE EL EJECUTIVO INFORME CADA BIMESTRE AL CONGRESO DEL
ESTADO, SOBRE LAS ACCIONES Y RESULTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN
A LOS PERIODISTAS.
Ante el incremento de las agresiones a los periodistas en el país, es
necesario fortalecer el marco jurídico para garantizar el ejercicio pleno
de la libertad de expresión y obligar a las autoridades a implementar
mecanismos para su protección.
La diputada Martha Barajas García, presentó una iniciativa de reforma a
la fracción VII del artículo 17 y el artículo 21, de la Ley de Protección al
Ejercicio del Periodismo del Estado de San Luis Potosí, en la que se
promueven diversas acciones para garantizar la protección de los
periodistas y la libertad de expresión.
Según cifras de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), México
es considerado el país más peligroso de América Latina, para el ejercicio
de la función periodista; lo que sin duda alguna pone en jaque a la
libertad de expresión.
Criterios internacionales y de la propia Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), la libertad de expresión es un elemento fundamental de
los países democráticos, considerando el doble carácter que tiene está;
es decir, por una parte, es la posibilidad de expresarse sin limitaciones,
pero por otro, representa la posibilidad de los ciudadanos de recibir
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información y conocer opiniones; por tal motivo la libertad de expresión
es tan fundamental como el principio de división de poderes.
Sin embargo, en un momento de tanta hostilidad que se vive a nivel
nacional para los periodistas, es esencial hacer una revisión al marco
jurídico que brinda un sistema de protección, no solo para garantizar el
libre ejercicio de la profesión, sino que, para tener una democracia
consolidada, a través del derecho a la información.
Por tal motivo, de la simple lectura del texto normativo estatal, me
parece pertinente realizar una serie de cambios que permitan abonar a
favor de aquellas personas que cumplen con su trabajo, de informar a la
sociedad sobre el acontecer diario de San Luis Potosí.
Por ello se propone reformar la fracción VII del artículo 17 y el artículo
21, de la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo del Estado de San
Luis Potosí.
El primer cambio consiste en adicionar un párrafo al artículo tercero de
la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo, consistente en señalar
que no se podrá sesgar por medios directos o indirectos el derecho de
los periodistas.
Esta adición nace de conformidad con el artículo 13 de la Convención
Americana que establece, que hay restricciones a la libertad de
expresión por vías o medios indirectos; por ello, la nueva redacción
debe considerar tales medios indirectos, para ampliar el espectro de
protección de la libertad de expresión en nuestro país; y la libertad de
imprenta y de escribir, se sustentan en la libertad de expresión.
El segundo cambio propuesto es una adición al artículo 4 de la Ley,
consistente en el establecimiento de un mecanismo directo de rendición
de cuentas, es decir, el Poder Ejecutivo deberá informar cada bimestre
al Congreso del Estado, sobre las acciones y resultados en materia de
protección a los periodistas.
La información periódica sobre la materia, logrará reforzar la inserción
de este problema a la agenda pública, lo que permitirá establecer lazos
interinstitucionales, que permitan hacer eficiente el proceso de la propia
política pública.
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En tercer lugar, se propone la reforma a la fracción VII del artículo 17
para que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y
Género, forme parte del Comité Estatal de Protección al Periodismo.
Por último, el cambio propuesto al artículo 21, es una modificación de
forma, es decir, toda vez que el 3 de junio del 2017, se publicó el
Decreto que expide la Ley de Responsabilidades Administrativas para el
Estado y Municipios de San Luis Potosí, tal como lo señala su segundo
transitorio, quedó derogada la Ley de Responsabilidades; por lo que la
propuesta de reforma consiste en la actualización de la denominación
del cuerpo normativo. La iniciativa fue turnada a comisiones para su
análisis.

