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Víctimas exigen respuestas a la CEDH; comparecencia de Giovanna Argüelles será el 23 de noviembre

¡Surgen diferencias entre activistas que exigen la salida de Giovanna Argüelles! Marichuy acusó al colectivo Vozes de impedirle ingresar a la CEDH y rechazó las declaraciones que atribuyó a Natalia Castillo sobre una supuesta compensación económica de hasta 150 mil pesos.

En medio de reclamos durante la sesión del Congreso del Estado, María de Jesús Almendárez Prieto, conocida como Marichuy, y Silvia Castillo acudieron este martes 17 de noviembre para pedir que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, responda sobre denuncias penales, restricciones de acceso y presuntas omisiones en la atención a víctimas.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte confirmó que la comparecencia se mantiene para el próximo lunes 23 de noviembre, en la sede legislativa de Vallejo, entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, con el horario exacto todavía por definir.

Marichuy informó que presentó un escrito para solicitar que Argüelles Moreno explique por qué interpuso una denuncia penal en su contra y las razones de las medidas de restricción que, según denunció, le impiden acudir a la CEDH. También pidió aclarar un incidente que atribuyó a la primera visitadora, Begoña Castillo Martínez.

Por su parte, Silvia Castillo, madre de Alán Francisco, aseguró que enfrenta restricciones similares y que estas le dificultan presentar nuevas quejas relacionadas con la investigación del homicidio de su hijo.

Ambas solicitaron la salida de la presidenta del organismo y pidieron que las víctimas puedan presenciar la comparecencia.

La jornada también evidenció diferencias entre Marichuy y el colectivo Vozes, que mantiene ocupadas las instalaciones de la CEDH. La activista acusó que integrantes de la organización no le permiten ingresar al edificio y cuestionó declaraciones de Natalia Castillo Vera sobre una supuesta compensación económica que habría recibido.

“Entonces ahora ya no es Giovanna, ya no es derechos humanos, ahora es un colectivo el que decide si entro a presentar una queja o no entro porque ellas ya decidieron que yo no voy a entrar y lo tengo vía WhatsApp”, afirmó.

Marichuy rechazó haber recibido entre 100 mil y 150 mil pesos por una recomendación de derechos humanos y pidió que se retire la transmisión donde, aseguró, se difundió esa información. Hasta el momento no se cuenta con una respuesta del colectivo sobre estos señalamientos.

Mientras tanto, Gama Basarte señaló que el Congreso prepara una respuesta al escrito presentado por quienes mantienen la protesta y que durante la comparecencia también se buscará conocer el seguimiento de expedientes de comunidades indígenas.

Sobre las medidas de seguridad previstas para la reunión, indicó: “Estaremos cuidando el desahogo tranquilo de la sesión”.

Por ahora, la fecha no será adelantada y la comparecencia tendrá como objetivo conocer las explicaciones de Argüelles Moreno sobre el funcionamiento de la CEDH, sin que esto implique un procedimiento para destituirla.

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