Con 23 votos a favor, el Congreso de SLP aprobó la llamada Ley Ingrid, que busca evitar la difusión indebida de imágenes de víctimas de delitos por parte de funcionarios públicos. La reforma contempla sanciones más severas cuando se trate de mujeres o menores de edad.
Con 23 votos a favor, el Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma conocida como Ley Ingrid, que busca castigar a funcionarios públicos que filtren o compartan sin autorización fotografías, videos, audios o documentos de cadáveres relacionados con investigaciones de delitos.
La reforma establece penas de tres a ocho años de prisión y multas económicas para quienes cometan estas conductas aprovechando sus funciones en la procuración o impartición de justicia, incluso si utilizan a otra persona para difundir el material.
Las penas podrán aumentar hasta 12 años de cárcel cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños o adolescentes, o cuando el contenido se difunda por medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales con fines de exposición pública o lucro.
Durante su revisión, la Comisión Primera de Justicia modificó la propuesta original para precisar las conductas sancionadas y evitar problemas legales como los que llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a invalidar reformas similares en Colima, Estado de México y Sonora.
La iniciativa fue presentada por la diputada con licencia y secretaria de las mujeres Roxanna Hernández Ramírez y retoma el caso de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio cuyas fotografías fueron filtradas y difundidas en 2020, lo que impulsó reformas para evitar la exposición indebida de víctimas y proteger la dignidad de las personas fallecidas.
La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.