¡Más protección para los adultos mayores frente a los riesgos de internet! El Congreso aprobó una reforma que reconoce la violencia digital y obliga a las autoridades a impulsar campañas y capacitaciones para prevenir fraudes, estafas y robo de identidad, así como proteger sus datos personales y patrimonio.
El Congreso local aprobó una reforma a la Ley de las Personas Adultas Mayores para reconocer la violencia digital como una forma de agresión contra este sector de la población y establecer medidas de prevención frente a fraudes, robo de identidad y otros riesgos relacionados con el uso de internet.
La modificación, aprobada este viernes 23 de octubre, fue impulsada por el diputado César Arturo Lara Rocha e incorpora al artículo 5 de la legislación estatal conductas como la suplantación de identidad, difusión indebida de información personal, hostigamiento y amenazas mediante redes sociales, aplicaciones y otros medios tecnológicos.
La nueva definición también contempla cualquier acción u omisión intencional que afecte o ponga en riesgo la dignidad, privacidad, seguridad, patrimonio o derechos de las personas adultas mayores, incluso cuando sus consecuencias ocurran fuera del entorno digital.
Además, la reforma obliga a distintas dependencias estatales, entre ellas las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social y Regional, Finanzas y General de Gobierno, así como a las autoridades de seguridad pública, la Fiscalía, los ayuntamientos y los DIF municipales, a coordinarse con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) para realizar campañas informativas y ofrecer capacitación sobre el uso seguro de herramientas digitales.
Durante el análisis de la iniciativa, la Comisión de Derechos Humanos consideró que reconocer legalmente la violencia digital era insuficiente para atender el problema, por lo que agregó estas obligaciones de prevención y capacitación.
Como parte de la justificación, el dictamen señala que, de acuerdo con datos del INEGI, el ciberacoso en San Luis Potosí alcanzó una prevalencia del 26.9 por ciento, mientras que entre personas adultas mayores fue del 11.3 por ciento en mujeres y 11.8 por ciento en hombres.
La reforma no crea nuevos delitos ni establece penas de prisión, sino que amplía el reconocimiento de la violencia contra personas adultas mayores y las responsabilidades institucionales para prevenirla. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.