La reforma para reconocer en la Constitución local el derecho de niñas y niños a vivir en familia avanzó en comisión. Carlos Arreola aclaró que no distingue entre tipos de familia y confirmó que las parejas homoparentales pueden adoptar, como ya lo ha establecido la Suprema Corte.
La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó un dictamen para incorporar expresamente en la Constitución local el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y ser adoptados cuando, por distintas circunstancias, no cuenten con ella.
La reforma, derivada de una iniciativa presentada por la diputada Mireya Vancini Villanueva, modifica el párrafo cuarto del artículo 12 de la Constitución local. Durante la presentación del dictamen se explicó que busca trasladar al ámbito estatal derechos ya reconocidos en la Constitución Federal y reforzar la obligación de las autoridades de garantizar el interés superior de la niñez.
El diputado Carlos Arreola explicó que el cambio no establece diferencias entre los distintos tipos de familia y, por lo tanto, tampoco excluye a parejas del mismo sexo de los procesos de adopción.
“Las familias son diversas en San Luis Potosí y establecer diferencias sería un tipo de discriminación. Entonces se le reconoce como tal a familia, sin distinción alguna, y el derecho es de las niñas y de los niños a la familia a ser adoptados por una familia, sin distinción de familias”, señaló.
Al ser cuestionado directamente sobre si un matrimonio homoparental puede adoptar en San Luis Potosí, respondió: “Puede adoptar, lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, no en San Luis Potosí, en todo México”.
Arreola precisó que la reforma parte de que el derecho protegido corresponde principalmente a las niñas y niños susceptibles de adopción, y no a un determinado modelo de pareja o familia.
¿Qué cambia con la reforma?
Además del reconocimiento constitucional, Arreola señaló que incorporar estos derechos a la Constitución local tendría consecuencias para la actuación de las autoridades, pues deberán considerarlos en políticas públicas, planes de trabajo y asignación de recursos.
Esto significa, de acuerdo con su explicación, que las personas podrían recurrir a mecanismos legales cuando una autoridad obstaculice o niegue arbitrariamente el ejercicio de estos derechos.
Durante la sesión de la comisión también se explicó que la reforma pretende reducir las interpretaciones que puedan retrasar los procedimientos de adopción y establecer claramente en la Constitución estatal que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a integrarse a una familia cuando hayan perdido o carezcan de la propia.
Arreola sostuvo que el reconocimiento constitucional representa un primer paso para reforzar las condiciones de quienes actualmente atraviesan estos procedimientos.
“Puede parecer mero fraseo, pero en realidad representa un cambio de realidad para muchas y muchos niños y niñas que están en trámites, que a veces esos trámites se retardan o pueden ser sujetos a muchas interpretaciones”.
Tras ser aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen deberá continuar su trámite legislativo para ser sometido a consideración del Pleno del Congreso del Estado.