Dafne Hernández acusa a su expareja de amenazarla de muerte y agredirla físicamente; pide que su caso sea investigado como un posible intento de feminicidio.
A través de redes sociales, Dafne Hernández hizo pública una denuncia contra su expareja, Aldair Guerrero, a quien señala por presuntas amenazas de muerte, acoso y una agresión física que la llevó a recibir atención hospitalaria.
La joven expuso que, después de una relación marcada por conflictos y episodios de violencia, decidió alejarse de Guerrero y retomar su vida personal y académica. Sin embargo, aseguró que, tras la separación, comenzó a recibir mensajes intimidatorios y visitas no deseadas en su domicilio.
Según su relato, las amenazas aumentaron durante las últimas semanas, cuando presuntamente recibió advertencias de que su casa sería baleada, además de llamadas en las que el hombre habría hablado sobre la posibilidad de atentar contra su vida.
Dafne también narró que recientemente fue agredida por su expareja dentro de un vehículo. Explicó que el incidente ocurrió durante una discusión, luego de que él acudiera a su domicilio para entregarle un dinero que le debía.
La joven afirmó que el hombre portaba un arma y la llevó en contra de su voluntad, para posteriormente golpearla en el rostro, provocándole una herida con sangrado abundante.
De acuerdo con su testimonio, un tercero intervino y la trasladó a un hospital, donde recibió atención médica.
Ante la gravedad de lo ocurrido, Hernández solicitó que su caso sea investigado como un posible intento de feminicidio y amenazas, pues considera que la clasificación de violencia familiar no refleja la magnitud de los hechos que denuncia.
“Creo que calificarlo como violencia familiar es una falta de respeto hacia mi vivencia y experiencia”, expresó Dafne Hernández al referirse al tratamiento que, según su denuncia, ha recibido su caso.
Asimismo, pidió que su publicación no sea utilizada para promover ataques o comentarios agresivos, sino como una forma de buscar protección.
Dafne Hernández hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a la senadora Ruth González Silva para que atiendan su denuncia y garanticen su seguridad.