¿Qué límites debe tener el Congreso al regular la inteligencia artificial y las redes sociales? Especialistas explicaron qué puede legislarse desde los estados, qué requisitos debe cumplir una reforma penal y cómo debe protegerse la libertad de expresión.
Especialistas en libertad de expresión y derecho digital advirtieron al Congreso del Estado que cualquier reforma relacionada con inteligencia artificial, redes sociales o contenidos digitales debe ser precisa y evitar restricciones excesivas que terminen afectando la crítica, el periodismo o el debate público.
La postura fue expuesta durante una conferencia magistral organizada por el propio Congreso, después de las dudas y cuestionamientos generados por recientes reformas y propuestas locales en la materia.
Manuel Granados Covarrubias, especialista en derecho constitucional, sostuvo que el punto de partida debe ser que la libertad de expresión tenga una protección amplia.
“La regla debe ser la libertad. La restricción debe ser la excepción y toda excepción debe poder justificarse constitucionalmente”, señaló.
Explicó que esta protección no se limita a expresiones cómodas o aceptadas, sino que también alcanza la crítica política, opiniones, investigación periodística, sátira y contenidos que pueden incomodar a quienes ejercen el poder.
Esto no significa, aclaró, que todo pueda publicarse sin consecuencias. Cuando una expresión afecta otros derechos, como la privacidad, el honor o la presunción de inocencia, debe analizarse el contexto, si existe interés público, qué daño se produjo y si la sanción propuesta es proporcional.
También recordó que los servidores públicos están sujetos a un mayor nivel de escrutinio cuando se habla de su desempeño o de asuntos de interés colectivo.
“A mayor relevancia pública del asunto, mayor intensidad del escrutinio democrático”, resumió.
Por su parte, Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que sí existen razones para legislar sobre los problemas que han surgido con la inteligencia artificial y las plataformas digitales, pero advirtió que no cualquier regulación corresponde a los congresos estatales.
Explicó que internet y telecomunicaciones son materias federales, mientras que los estados pueden intervenir cuando una herramienta tecnológica es utilizada como medio para cometer un delito de su competencia.
Por ello, señaló que el reto consiste en separar la regulación de una tecnología de la sanción de conductas concretas.
“¿Cómo lograr el objetivo de legislar para el interés público la inteligencia artificial sin que se restrinja la libertad de expresión? Sin que se restrinja la libertad de información. Entonces, ¿cómo lo ponderamos? Ese debería ser el tema”, planteó.
Durante las preguntas, la discusión llegó a las reformas penales y al riesgo de que una redacción amplia permita castigar publicaciones o contenidos de manera discrecional.
Villanueva respondió que en materia penal las conductas prohibidas deben establecerse de manera clara.
“Las características en materia penal son que deben ser taxativas, es decir, deben ser exactas, deben ser cerradas”, indicó.
El especialista añadió que ha revisado propuestas sobre inteligencia artificial en distintos estados y observó problemas de técnica legislativa, por lo que pidió cautela para no restringir derechos bajo el argumento de combatir abusos digitales.
“Hay casos que no se aprovechan, se utiliza con el mejor ánimo, pero en ese mejor ánimo también se va en buena medida la libertad de expresión. Entonces, tenemos que ser muy cautos”, advirtió.