

A casi dos años de que se acreditaron violaciones a derechos humanos, las medidas de reparación siguen pendientes y el caso continúa pasando por distintas instancias.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró al Congreso de San Luis Potosí una solicitud de información relacionada con la no aceptación de la Recomendación 04/2024 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), emitida hace casi dos años y cuyas medidas de reparación permanecen pendientes.
El requerimiento de la Primera Visitaduría General fue reportado este lunes en la correspondencia de la Diputación Permanente. El documento fue turnado desde el 13 de agosto a la Comisión de Derechos Humanos y al Instituto de Investigación y Evaluación Legislativas, con copia a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos.
Al tratarse de una reiteración, la CNDH ya había solicitado previamente información al Poder Legislativo sobre la negativa; sin embargo, en la correspondencia no se especifica cuándo se realizó el primer requerimiento, cuál fue la respuesta del Congreso o por qué fue necesario solicitar nuevamente los datos.
La Recomendación 04/2024 fue la primera que la CEDH dirigió al Congreso del Estado. Se originó por hechos relacionados con la actuación del entonces diputado Eloy Franklin Sarabia hacia María de Jesús Almendárez Prieto, “Marichuy”, en los que el organismo acreditó violaciones a derechos humanos vinculadas con la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
Entre las medidas solicitadas se encontraban la reparación integral del daño, la creación de un protocolo para atender a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, la capacitación de las y los legisladores y la investigación de posibles responsabilidades administrativas.
El Congreso decidió no aceptar la recomendación y posteriormente turnó el asunto a las comisiones de Derechos Humanos, Gobernación y Primera de Justicia, sin que hasta ahora se haya modificado esa determinación ni concretado la reparación planteada por la CEDH.
Desde principios de 2026, Almendárez Prieto ha cuestionado públicamente la manera en que se procesó el rechazo, principalmente por la falta de una explicación debidamente fundada y por haber sido notificada hasta enero de este año sobre actuaciones legislativas que databan de octubre de 2025.
Con la reiteración de la CNDH, el Congreso deberá nuevamente proporcionar información sobre la no aceptación. Por ahora, queda pendiente conocer qué responderá el Legislativo y por qué el organismo nacional tuvo que insistir en su solicitud.

