El Congreso de SLP ya analiza corregir el delito de “mensajes intimidatorios” antes de que la Suprema Corte resuelva la impugnación de la CNDH.
El Congreso del Estado analiza modificar el delito de “mensajes intimidatorios”, creado este año para sancionar las llamadas narcomantas, antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La diputada y promovente de la reforma, María Leticia Vázquez Hernández, aseguró que la intención original fue proteger a la población frente a este tipo de mensajes.
“Esa propuesta de iniciativa mía se hizo con toda la intención de proteger un bien jurídico en contra de mensajes intimidatorios como son las famosas narcomantas”, señaló.
Sin embargo, reconoció que el Congreso está abierto a revisar la redacción del artículo tras los señalamientos de la CNDH, que considera ambiguos conceptos como “temor colectivo” y “alteración del orden público”.
“Esperaremos la resolución de la Suprema Corte (…) e incluso replantearemos si hay alguna cuestión ambigua que se considere de esa manera”, indicó la legisladora, quien además confirmó que existe la posibilidad de corregir la norma antes del fallo judicial: “También lo estamos viendo, esa posibilidad de subsanar antes de que hubiera una resolución”.
La presidenta de la Comisión de Justicia adelantó que iniciará el análisis de las observaciones del organismo nacional y que los cambios podrían discutirse incluso en un periodo extraordinario.
Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Verde, Héctor Serrano Cortés, informó que el área jurídica del Congreso ya revisa posibles modificaciones para evitar que el caso llegue a una resolución de fondo de la Corte.
“Hay una valoración que se está haciendo por parte del jurídico del Congreso para modificar y no tener la necesidad ni siquiera de llegar a una interpretación de la Corte”, afirmó.
Serrano rechazó que las observaciones de la CNDH impliquen una falla en la técnica legislativa y atribuyó las diferencias a los procesos normales de interpretación constitucional.
“La técnica legislativa no necesariamente tiene que ver con la apreciación y la interpretación. La ley se interpreta y el máximo órgano para darle interpretación es la Suprema Corte”, sostuvo.
No obstante, al ser cuestionado sobre si estos casos obligan a mayor cuidado en la redacción de reformas penales, respondió: “Siempre van a haber ambigüedades”.
El delito de mensajes intimidatorios fue incorporado al Código Penal de San Luis Potosí en mayo de 2026, tras una reforma impulsada por la diputada María Leticia Vázquez Hernández para sancionar la difusión de las llamadas narcomantas. Un mes después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte al considerar que conceptos como “temor colectivo” y “alteración del orden público” son ambiguos y podrían vulnerar la seguridad jurídica y la libertad de expresión.