El Gobernador reunió a representantes de los sectores académico, jurídico, científico, empresarial y periodístico para construir una nueva ruta normativa con respeto a la libertad de expresión y los derechos digitales.
El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó el primer encuentro de diálogo institucional con representantes de universidades, centros de investigación, organismos empresariales, colegios de abogados, medios de comunicación, periodistas y autoridades, con el propósito de analizar los retos que plantea la inteligencia artificial en materia de libertad de expresión, derechos digitales y desarrollo tecnológico.
Durante la reunión se escucharon planteamientos, inquietudes y propuestas de los distintos sectores participantes para construir una ruta de trabajo basada en el consenso, que brinde certeza jurídica, promueva el uso responsable de las nuevas tecnologías y garantice el respeto a los derechos humanos.
Como resultado de este primer ejercicio de diálogo, el Mandatario Estatal firmó la iniciativa para derogar los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter del Código Penal del Estado, así como las disposiciones relacionadas con el Decreto 0314, con el objetivo de abrir una nueva etapa de análisis y construcción legislativa mediante un proceso abierto y participativo.
Además, se acordó solicitar al Congreso del Estado la realización de un Parlamento Abierto y de una consulta especializada sobre inteligencia artificial, libertad de expresión y derechos digitales, con la participación de especialistas, instituciones académicas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los sectores productivos.
Al cierre del encuentro, Ricardo Gallardo destacó que este ejercicio permitió sentar las bases de un diálogo plural e incluyente para construir una regulación moderna sobre la inteligencia artificial, considerando su impacto en ámbitos como la salud, la educación, el empleo, la administración pública y la prestación de servicios a la ciudadanía, siempre con una visión que privilegie la innovación, la protección de derechos y el interés público.