El Ayuntamiento de Tampamolón negó que el desalojo en La Peña haya afectado a 100 familias indígenas y sostuvo que el conflicto involucra únicamente a dos familias asentadas en 10 hectáreas. La versión contrasta con las denuncias de habitantes y organizaciones, que aseguran que el operativo del 9 de junio afectó a cerca de 100 familias tének y nahua asentadas desde hace más de 30 años en unas 200 hectáreas.
El Ayuntamiento de Tampamolón rechazó que el operativo realizado el pasado 9 de junio en el predio La Peña haya afectado a cerca de 100 familias indígenas tének y nahua, y sostuvo que el conflicto legal involucra únicamente a dos familias asentadas en un terreno de 10 hectáreas donado al municipio.
Durante una rueda de prensa, la síndico municipal, Fede Sarayí Hernández Heraldo, aseguró que en el predio en disputa habitaban únicamente entre siete y ocho personas. “Aquí, en esta propiedad, vivían solamente dos familias, únicamente”, afirmó.
La funcionaria explicó que el terreno fue donado al Ayuntamiento por Alfredo Gómez Zapata y que la administración municipal inició trabajos en la zona desde 2022. Según la versión oficial, el conflicto comenzó cuando un grupo de habitantes instaló un plantón en marzo de este año, lo que derivó en una denuncia y posteriormente en una orden judicial para restituir el inmueble al municipio, misma que se ejecutó el 9 de junio.
Posteriormente, una de las familias promovió un juicio de amparo y obtuvo una suspensión provisional que permitió su regreso al predio, resolución que fue cumplida el pasado 7 de julio.
La presidenta municipal, Silvia Medina Burgaña, negó además que durante el operativo se destruyeran viviendas o infraestructura comunitaria. “Totalmente falso. Totalmente falso”, respondió al ser cuestionada sobre las denuncias de daños a casas, un templo y una escuela.
Sin embargo, durante la misma conferencia reconoció la existencia de alrededor de 100 viviendas en la zona de La Peña, aunque insistió en que estas no forman parte del litigio judicial.
La postura del Ayuntamiento contrasta con los vídeos difundidos hace algunas semanas sobre el operativo y la versión de habitantes y organizaciones campesinas, quienes sostienen que el operativo involucró a elementos de la Guardia Civil Estatal, Policía Ministerial y civiles sin identificación, y que el desalojo afectó a aproximadamente 100 familias asentadas desde hace más de 30 años en unas 200 hectáreas.
Las comunidades y la CIOAC también han señalado que el conflicto está relacionado con el interés por desarrollar un proyecto habitacional en la zona, versión que no fue reconocida por la administración municipal.
Mientras el Ayuntamiento sostiene que el litigio se limita a dos familias y diez hectáreas, las comunidades indígenas mantienen que el desalojo impactó a decenas de familias y que la disputa involucra una superficie mucho mayor. El caso continúa en tribunales, donde se definirá el futuro legal del predio.