Las familias indígenas de La Peña, en Tampamolón, cuyos videos del desalojo se viralizaron esta semana por las imágenes de empujones, golpes y detenciones durante un operativo en el que participaron corporaciones de seguridad. Este viernes acudieron a la capital potosina para exigir la restitución de las tierras que aseguran habitar desde hace décadas y denunciar irregularidades en el proceso.
Integrantes de la comunidad indígena La Peña, en el municipio de Tampamolón Corona, acudieron este viernes a la capital potosina para exigir la intervención de autoridades estatales y agrarias tras el desalojo realizado recientemente en el predio donde aseguran haber vivido y trabajado durante décadas.
Durante una rueda de prensa frente a Palacio de Gobierno, representantes de la comunidad acusaron que el operativo se realizó pese a que autoridades federales y agrarias tenían conocimiento previo del conflicto y de un proceso para regularizar la tenencia de la tierra.
María Dolores Beltrán Ledezma, integrante de la CIOAC, afirmó que la protesta busca denunciar el desalojo de familias que, según dijo, llevan cerca de 30 años asentadas en el lugar. “Nuestro venir a protestar, a estar aquí, es con el fin de la inconformidad que tenemos de lo que se hizo con los compañeros de La Peña, de haberlos desalojado de sus tierras”.
La representante señaló que existe una minuta firmada el 12 de mayo de 2026 entre autoridades agrarias y gubernamentales, en la que se daba seguimiento al proceso de legalización de los terrenos, cuya extensión estimó entre 160 y 200 hectáreas.
Los manifestantes sostuvieron que alrededor de 100 familias, equivalentes a unas 250 personas, habitan en la comunidad y señalaron que solicitarían una reunión con la Procuraduría Agraria para revisar el avance de los acuerdos. “Ya se viene trabajando en todo este proceso. Tienen muchos años que se viene trabajando y las dependencias están enteradas de todo este procedimiento”, indicó Beltrán Ledezma.
Durante el encuentro con medios, Anselmo Gómez, quien se identificó como ex trabajador del predio, relató que llegó a laborar en el lugar hace más de 40 años y aseguró que la ocupación de las tierras surgió tras problemas financieros del antiguo propietario.
“Llevo más de 40 años allí. Yo llegué muy joven allí a trabajar”, señaló. Explicó que, tras la quiebra del dueño del rancho y la falta de pago de salarios, los trabajadores comenzaron a cultivar parcelas para su subsistencia y posteriormente promovieron acciones legales relacionadas con las prestaciones que les adeudaban.
Según su versión, desde entonces las familias han permanecido en el predio desarrollando actividades agrícolas y obteniendo de ahí parte de su sustento. “Tenemos cultivos de frijol, garbanzo, no en gran cantidad, pero para el sustento diario de ahí sacamos”, afirmó.
Los habitantes indicaron que su objetivo es obtener el reconocimiento legal de la tierra mediante la constitución de un ejido. “Hacer un ejido. Vamos para eso, para el ejido. Repito, ya tenemos muchos años”, expresó Gómez.
Durante la conferencia también denunciaron presuntas agresiones durante el operativo de desalojo y señalaron que entre los participantes había elementos de distintas corporaciones y personas vestidas de negro sin identificación oficial.
En un comunicado difundido durante la movilización, la CIOAC sostuvo que dependencias como la Sedatu, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Gobernación tenían conocimiento previo del riesgo de desalojo y acusó omisiones institucionales para evitar la confrontación. La organización anunció además que presentará una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los hechos ocurridos en La Peña.
Los pobladores también señalaron que existe interés por desarrollar un proyecto habitacional en la zona, aunque no presentaron documentación oficial que acreditara dicho plan. Mientras tanto, reiteraron su exigencia de recuperar el acceso al predio y continuar con el proceso de regularización de las tierras que aseguran haber ocupado por generaciones.