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31/05/2026
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Investigación de la UASLP identifica uso de áreas naturales protegidas por grupos criminales

Narcolaboratorios, fosas y minería ilegal: investigadores de la UASLP plasman en un libro la presencia del crimen en áreas naturales protegidas; la obra ya puede adquirirse en físico y digital.

Investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí advirtieron que diversas áreas naturales protegidas del país se han convertido en espacios utilizados por grupos delictivos para actividades como instalación de narcolaboratorios, minería ilegal, tráfico y hasta fosas clandestinas, debido a las condiciones de aislamiento y difícil acceso que presentan estos territorios.

El señalamiento forma parte del libro Narcotráfico en Áreas Naturales Protegidas en México. Una perspectiva criminológica verde del crimen organizado, el ambiente y la seguridad pública, elaborado por los investigadores César Hernández y Mier, José Luis Carpio Domínguez y Jesús Ignacio Castro Salazar, quienes reunieron cerca de siete años de investigación sobre la relación entre delincuencia organizada, delitos ambientales y seguridad pública.

José Luis Carpio Domínguez, docente e investigador de la Licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho de la UASLP, explicó que el estudio surgió a partir de trabajo de campo, recopilación de datos y testimonios de servidores públicos en distintas regiones del país. “Pareciera que son fenómenos distintos, pero al final de cuentas en la realidad terminan amalgamándose en fenómenos delictivos a los que no estamos tan acostumbrados a ver”, señaló.

Por su parte, Jesús Ignacio Castro Salazar detalló que la investigación analizó las 232 áreas naturales protegidas federales y la presencia de grupos criminales en municipios cercanos. “Por su ubicación se convierten en centros estratégicos, ya que están alejados de zonas urbanas y pueden ser de difícil acceso, lo cual permite que grupos delictivos entren y aprovechen para delinquir”, comentó. Añadió que estas actividades también generan afectaciones y desplazamientos en comunidades originarias y poblaciones locales.

Los investigadores señalaron que entidades como Michoacán presentan mayores registros de este tipo de problemáticas por la presencia histórica de grupos criminales, aunque advirtieron que los delitos ambientales pueden existir en otras regiones aun cuando no siempre estén plenamente documentados. César Hernández y Mier afirmó que muchas veces la población desconoce cómo operan estas redes en sitios que, en teoría, deberían estar protegidos por el Estado.

El libro fue publicado por la editorial Springer y está disponible en formato físico y digital. Los autores señalaron que buscan que el material funcione como herramienta de consulta para estudiantes y especialistas en criminología, medio ambiente y seguridad pública, además de abrir nuevas líneas de investigación sobre este fenómeno.

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