Centros de rehabilitación y familiares de personas con adicciones en SLP advirtieron que las reformas federales para regular anexos podrían criminalizar los internamientos involuntarios y poner en riesgo miles de tratamientos.
Representantes de centros de rehabilitación y familiares de personas con adicciones en San Luis Potosí advirtieron que las reformas federales para endurecer la regulación de anexos podrían terminar criminalizando los internamientos involuntarios y afectar miles de tratamientos en el país.
Jorge Contreras, dirigente de Fuerza Nacional en San Luis Potosí, defendió el trabajo de los centros de rehabilitación y aseguró que durante años han permitido recuperar personas y reconstruir familias. Señaló que, según estadísticas elaboradas por la organización en al menos 20 centros, miles de personas han logrado mantenerse sobrias tras recibir tratamiento.
Explicó que únicamente en “Casa de Vida” se ha atendido a alrededor de 8 mil 500 personas y afirmó que al menos mil cuentan con testimonios documentados de recuperación, mientras otras incluso han creado nuevos espacios de apoyo y rehabilitación.
Los representantes insistieron en que el internamiento involuntario sigue siendo necesario en casos de adicción severa, ya que muchas personas no aceptan ayuda debido al nivel de dependencia a las drogas. Durante la reunión, madres y esposas compartieron casos de familiares que, aseguraron, lograron rehabilitarse tras ser ingresados contra su voluntad.
Las críticas se dirigieron a las reformas impulsadas en el Congreso de la Unión, que plantean mayores mecanismos de supervisión, censos oficiales y lineamientos obligatorios para evitar violaciones a derechos humanos y centros que operen como “cárceles privadas”.
Aunque reconocieron que existen anexos irregulares e incluso algunos vinculados con actividades ilícitas, sostuvieron que la mayoría trabaja para salvar vidas y está dispuesta a someterse a procesos de regulación y capacitación. “Nosotros no estamos en contra de la regulación, estamos en contra de que se hagan leyes sin escuchar a quienes trabajamos en el tema”, expresó Contreras.
Los activistas también alertaron sobre el crecimiento del consumo de cristal en San Luis Potosí y señalaron que cerca del 80 por ciento de las personas internadas presentan adicción a sustancias sintéticas, algunas mezcladas con fentanilo. Finalmente, advirtieron que limitar o eliminar los internamientos involuntarios podría incrementar la violencia, los delitos y la población en situación de calle relacionada con las adicciones.