Docentes, directivos y personal escolar en San Luis Potosí ya están obligados por ley a denunciar posibles delitos contra estudiantes.
Esta semana entró en vigor la reforma a la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí que obliga a docentes, personal escolar y autoridades educativas a denunciar de inmediato posibles delitos cometidos contra estudiantes.
La modificación, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 22 de mayo, establece que maestros, directivos y trabajadores de planteles deberán informar a las autoridades correspondientes cuando detecten hechos que puedan constituir delitos contra niñas, niños o adolescentes, además de actuar conforme a los protocolos emitidos por las instituciones competentes.
La reforma también establece que la omisión podrá derivar en sanciones administrativas o penales para el personal educativo o autoridades escolares que no reporten los casos.
Los cambios surgieron de una iniciativa impulsada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías junto con integrantes de la Fundación Granito de Arena, organización enfocada en la atención y acompañamiento de víctimas de violencia infantil.
Durante los foros realizados para respaldar la propuesta, activistas y autoridades señalaron que muchos casos detectados en escuelas no llegan a judicializarse debido a errores en las denuncias, desconocimiento sobre cómo actuar y procesos que terminan revictimizando a menores.
Con la reforma, la Ley de Educación incorpora por primera vez una obligación expresa de denuncia inmediata dentro de planteles escolares, mientras que la elaboración de los nuevos protocolos quedará a cargo de autoridades educativas, Fiscalía, DIF y otras instituciones estatales.