Buscan prohibir en SLP las listas negras laborales usadas para vetar trabajadores.
El Congreso del Estado recibió una iniciativa para prohibir el uso de “buró laboral” y listas negras utilizadas para recopilar información sobre despidos, renuncias o conflictos laborales de trabajadores en San Luis Potosí.
La propuesta fue presentada por la diputada Sara Rocha Medina y plantea modificaciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, con el argumento de evitar prácticas que afecten el acceso al empleo por motivos distintos a la experiencia o capacidades profesionales.
El llamado “buró laboral” consiste en bases de datos no oficiales usadas para consultar antecedentes laborales de candidatos antes de ser contratados, práctica que ha sido señalada por especialistas en protección de datos personales como una posible violación a derechos laborales y de privacidad.
Actualmente, la legislación federal ya contempla sanciones por el manejo indebido de datos personales y por el uso de mecanismos que coloquen en listas o “boletinen” a trabajadores despedidos o que hayan renunciado.
De acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el uso irregular de bases de datos y el tratamiento indebido de información personal puede derivar en multas que van de las 200 a las 320 mil UMAs, equivalentes a más de 37 millones de pesos.
Además, la Ley Federal del Trabajo ya establece sanciones para empleadores que utilicen sistemas destinados a vetar trabajadores, con multas que pueden alcanzar más de medio millón de pesos.
La iniciativa presentada en el Congreso local busca armonizar la legislación estatal con estas disposiciones federales y evitar que el historial de conflictos laborales sea utilizado como filtro en procesos de contratación.
En la exposición de motivos también se advierte que este tipo de prácticas puede generar exclusión laboral y desalentar que trabajadores denuncien abusos o exijan derechos por temor a ser vetados posteriormente.
La propuesta fue turnada a la Comisión del Trabajo y Previsión Social para su análisis.