Buscan ordenar centros de rehabilitación y asegurar oportunidades tras el tratamiento.
Con más de 150 centros de rehabilitación operando en la zona metropolitana y cerca de 10 mil personas en proceso de recuperación, diputados locales comenzaron a empujar una reforma para poner orden en los anexos en San Luis Potosí, pero también para apoyar a quienes se rehabilitan.
Tras varias reuniones con encargados de estos espacios, legisladores de Morena y del Partido Verde trabajan en una iniciativa que busca, por un lado, regular y certificar los centros, y por otro, garantizar condiciones reales de reinserción social.
La propuesta contempla establecer reglas más claras para la operación de los anexos, incluyendo la profesionalización del personal, la participación de especialistas y la creación de un padrón público de clínicas certificadas, para que las familias sepan a dónde acudir y evitar lugares clandestinos.
Pero además, el enfoque también apunta a lo que ocurre después del tratamiento. Desde el Congreso se reconoce que muchos de los procesos de rehabilitación fracasan porque quienes egresan regresan al mismo entorno sin oportunidades.
En ese sentido, se plantea impulsar esquemas de reinserción laboral, educativa y cultural, con el objetivo de que las personas que superan una adicción puedan reconstruir su vida y no recaer por falta de alternativas.
También se analiza dar mayor respaldo legal a los traslados de personas que serán internadas, para evitar conflictos o vacíos jurídicos en estos procesos.
Sobre si estas reformas requerirán consulta, los legisladores adelantaron que no lo ven necesario por ahora, al tratarse de ajustes sobre leyes ya existentes.
La iniciativa se presentaría en las próximas semanas.