Huasteca se organiza contra el fracking: comunidades buscan que cabildos y Congreso de SLP se pronuncien para frenar el proyecto antes de que avance.
En la rueda de prensa previa al 4° Foro “No al Fracking en defensa del territorio, el agua y la vida”, representantes de comunidades indígenas, organizaciones campesinas y activistas delinearon una estrategia para frenar cualquier intento de aplicar esta técnica en la Huasteca potosina, que incluye acciones legales, acuerdos municipales y presión legislativa.
Rogel del Rosal Valladares, asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP), explicó que el plan retoma medidas que ya se implementaron entre 2014 y 2018, cuando surgió la primera intención de introducir el fracking en la región. Entre ellas, destacó la promoción de actas de cabildo en los ayuntamientos para impedir cambios de uso de suelo, una facultad que corresponde directamente a los municipios.
Detalló que actualmente el territorio en riesgo mantiene usos agrícolas, ganaderos y forestales, por lo que cualquier actividad industrial requeriría autorización municipal. En ese sentido, adelantó que buscarán que los 17 municipios involucrados se pronuncien formalmente en contra, como ocurrió en el pasado, cuando varios cabildos fijaron su postura mediante actas oficiales.
Otra de las acciones planteadas es que el Congreso del Estado se posicione a través de sus 27 diputados y respalde un exhorto dirigido a la Cámara de Diputados federal, con el objetivo de acelerar la discusión de la iniciativa que busca prohibir el fracking en la Constitución.
Durante la conferencia, Del Rosal también advirtió sobre los posibles impactos del Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, que contempla perforaciones en la cuenca Tampico-Misantla, incluyendo dos polígonos en la Huasteca potosina que abarcan 17 municipios, 367 comunidades y más de 4 mil kilómetros cuadrados. Señaló que esta actividad pondría en riesgo cerca de 200 cuerpos de agua y afectaría a más de 700 mil habitantes, en su mayoría población indígena.
A la par, comunidades reiteraron que ya han tomado decisiones internas mediante asambleas y consultas, por lo que rechazaron la posibilidad de una nueva consulta oficial. Insistieron en que no darán consentimiento para este tipo de proyectos y que defenderán sus territorios ante cualquier intento de implementación.
La postura también encontró respaldo de otras regiones del país. Representantes de Sinaloa señalaron que los efectos de proyectos energéticos similares ya han impactado zonas agrícolas, por lo que advirtieron que el fracking no representa desarrollo, sino riesgos ambientales y sociales.
El foro fue presentado como parte de un proceso de organización regional para informar a las comunidades, reforzar acuerdos y articular acciones frente a un escenario en el que, aunque no se ha definido su aplicación, el tema continúa en análisis a nivel federal.