Municipios siguen fallando en procesos de adjudicación: el 98% de contrataciones en 2024 fueron directas. Aunque hay capacitación, persisten irregularidades y sobreprecios que afectan a la ciudadanía. Urge fortalecer la ley y sancionar estas prácticas.
Las omisiones en los procedimientos de adjudicación de obra pública y adquisiciones se han convertido en una problemática generalizada en los municipios, advirtió el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Joaquín Lecourtois López.
De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD), elaborado por el INEGI, en 2024 el 98% de las adquisiciones y asignaciones de obra pública en los municipios se realizaron mediante adjudicación directa, lo que evidencia un uso extendido de mecanismos de excepción.
Ante este panorama, Lecourtois López señaló que estas prácticas derivan en observaciones recurrentes durante los procesos de fiscalización, ya que aunque las leyes de Adquisiciones y de Obra Pública contemplan excepciones a la invitación restringida y la licitación pública, los entes auditables que omiten estos procedimientos no integran adecuadamente sus expedientes de adjudicación, lo que se ha convertido en una constante en las revisiones.
El Auditor explicó que, aunque se ha capacitado a funcionarios municipales y se les brinda orientación para realizar contrataciones, persisten irregularidades; en los casos más graves, si bien los bienes o servicios adquiridos existen, estos se pagan a sobreprecio debido a la omisión de los procedimientos legales, lo que deriva en contrataciones más costosas en perjuicio de la ciudadanía.
El Auditor Superior subrayó la necesidad de fortalecer el marco legal en el estado, ya que, aunque existen reformas a nivel federal en materia de adquisiciones y obra pública, estas aún no han sido homologadas localmente.
En ese sentido, propuso trabajar en conjunto con el Poder Legislativo para establecer mayores controles y evitar el uso indiscriminado de excepciones.
Finalmente, Lecourtois López precisó que los datos del INEGI permiten dimensionar la magnitud del problema, aunque no profundizan en la calidad de los procesos: “nos muestra el uso abusivo de esta figura de adjudicación pero no abunda en datos sobre la contratación y los procedimientos en sí”.