El pueblo Wixárika impugnará un fallo que dejó vivas 23 concesiones mineras en Wirikuta. Aseguran que el riesgo ambiental y cultural sigue.
El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta anunció que interpondrá un recurso de revisión contra la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito en San Luis Potosí, al considerar que el fallo no protege completamente su territorio sagrado frente a la actividad minera.
Aunque la sentencia ordena cancelar 44 concesiones dentro del Área Natural Protegida (ANP) de Wirikuta y establece la obligación de consultar a las comunidades antes de otorgar nuevos permisos, el Consejo advirtió que aún permanecen vigentes 23 concesiones vinculadas al proyecto de la empresa canadiense First Majestic Silver Corp.
Para las autoridades tradicionales, civiles y agrarias wixaritari, esto representa un riesgo, ya que dichas concesiones se ubican en la zona de influencia del territorio sagrado, donde —aseguran— persiste la amenaza de daño ambiental y afectaciones a sus prácticas culturales.
En su posicionamiento, señalaron que si bien el fallo reconoce derechos como la autodeterminación y la consulta, deja fuera un elemento clave: el consentimiento del pueblo wixárika para autorizar actividades mineras en su territorio. Además, consideran que no se valoraron adecuadamente las pruebas sobre la sobreexplotación de acuíferos y los impactos ecológicos.
“El juzgador hizo caso omiso de las pruebas ambientales”, acusaron, al advertir que la resolución pone en riesgo la conservación de Wirikuta y de elementos fundamentales para su cosmovisión, como el híkuri.
El amparo originalmente buscaba cancelar 78 concesiones en la sierra de Catorce y su zona de influencia, pero la resolución sólo anuló aquellas ubicadas dentro del ANP estatal, dejando fuera otras que también forman parte del territorio considerado sagrado por el pueblo wixárika.
Ante este escenario, el Consejo insistió en que la decisión no garantiza plenamente sus derechos territoriales ni el acceso a un medio ambiente sano, por lo que acudirán a una instancia superior.
Además de la impugnación, el pueblo wixárika reiteró sus exigencias: cancelar todas las concesiones mineras en la región, elevar a rango federal la protección de Wirikuta y adoptar medidas integrales para la conservación de la Ruta de Sitios Sagrados, reconocida por la UNESCO.
También pidieron impulsar proyectos sustentables para las comunidades locales y que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones internacionales, entre ellas la prohibición de la minería en la zona y la garantía de libre tránsito para las peregrinaciones.