Regularizar un auto “chocolate” puede costar hasta 40 mil pesos. Denuncian que el proceso anterior “se convirtió en negocio” y ahora proponen un nuevo decreto nacional, sin intermediarios y más accesible. Se estima que 2 millones de vehículos siguen sin regularizar en el país. En San Luis Potosí, estiman hasta 50 mil autos en esta situación.
Ante los altos costos, irregularidades y falta de control en la regularización de autos de procedencia extranjera, el dirigente nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD), Antonio Tirado, planteó la creación de un nuevo decreto federal que permita legalizar estos vehículos en todo el país de forma más accesible.
En rueda de prensa, aseguró que el esquema anterior terminó afectando a la población, ya que lo que inició como un trámite económico terminó encareciéndose por la intervención de intermediarios. “Se convirtió en negocio”, señaló, al denunciar que hubo casos donde los costos superaron los 12 mil e incluso 20 mil pesos.
De acuerdo con el dirigente, aunque cerca de tres millones de vehículos fueron regularizados, aún existen alrededor de dos millones que siguen circulando sin poder legalizarse, principalmente por restricciones en los requisitos o por no poder cubrir los costos.
A esto se suma, dijo, que la importación formal de un vehículo en la frontera puede costar entre 30 mil y 40 mil pesos, lo que vuelve inaccesible esta opción para muchas familias, especialmente en estados alejados del norte del país.
Por ello, propuso que el nuevo decreto sea nacional —y no limitado a ciertos estados— y que aplique únicamente para los vehículos que ya circulan en México. Además, planteó que los pagos se realicen directamente a las autoridades, sin intermediarios, para evitar abusos.
Como parte de esta iniciativa, informó que ya se envió una solicitud formal al Gobierno Federal para pedir la emisión del decreto, así como la realización de una reunión con organizaciones de todo el país para construir una propuesta conjunta.
Otra de las medidas planteadas es la creación de un padrón nacional de vehículos, que sería elaborado por las propias organizaciones sin costo para los ciudadanos. La meta, explicó, es reunir información en un plazo de 60 días que permita demostrar la dimensión del problema.
En San Luis Potosí, estimó que podrían existir hasta 50 mil autos en esta situación, lo que refleja el impacto del tema a nivel local.
También señaló que actualmente existen dificultades para que los propietarios de autos ya regularizados puedan obtener placas en otros estados, lo que obliga a muchos a circular con matrículas foráneas.
Finalmente, el dirigente advirtió que cualquier nuevo esquema deberá evitar su utilización con fines políticos, especialmente ante la cercanía de procesos electorales, y subrayó la necesidad de que el Gobierno Federal establezca reglas claras y homogéneas que garanticen tanto la legalidad como el acceso equitativo al proceso de regularización.