Aunque en los últimos años San Luis Potosí ha armonizado y ampliado su marco legal en materia de derechos de las mujeres, especialistas consultadas coinciden en que el principal problema ya no es únicamente legislativo, sino institucional: las reformas existen, pero su cumplimiento sigue siendo irregular, insuficiente o distante de las realidades concretas que viven las mujeres en el estado.
La discusión cobra relevancia en un contexto en el que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, promulgada en 2019, ha sido modificada en al menos 16 decretos legislativos, lo que ha derivado en alrededor de 130 cambios al articulado, principalmente para ampliar el catálogo de violencias reconocidas y fortalecer medidas de protección. Entre esos ajustes, las y los legisladores locales han incorporado nuevas expresiones de violencia que durante años quedaron fuera o se han integrado al radar institucional, como la violencia digital, la violencia vicaria y, una de las más recientes, el acoso callejero.
Reformas que amplían derechos, pero no garantizan su aplicación
Para la directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Georgina González Casares, uno de los avances más significativos de los últimos años ha sido justamente el reconocimiento legal de nuevas violencias que antes no estaban claramente tipificadas o sancionadas. “Uno de los más significativos, es la ley Olimpia (a nivel federal) tiene que ver con toda la violencia digital”.
A ello sumó el reconocimiento de la violencia vicaria, el padrón nacional de deudores alimentarios y reformas para impedir que se soliciten pruebas de embarazo, al considerar que todas ellas representan pasos importantes para el reconocimiento de derechos y libertades de las mujeres.
Sin embargo, González Casares advirtió que el avance legal no basta si no logra permear en las prácticas institucionales y sociales. “El hecho de que ya esté en la legislación sí es un paso, pero creo que es importante que pudiéramos integrarlo también como sociedad”, dijo. En su lectura, el reto no es solo que la ley exista, sino que deje de ser un mandato abstracto y se convierta en una práctica cotidiana de respeto, protección y no revictimización.
En el caso de San Luis Potosí, aunque varias reformas ya fueron armonizadas en el ámbito local —como ocurrió con la violencia vicaria—, su eficacia depende en gran medida de quienes las operan.
En ese sentido, la abogada consideró que el debate ya no debería centrarse únicamente en producir nuevas reformas, sino en garantizar que las existentes funcionen. Desde su perspectiva, el reto institucional está en profesionalizar a quienes aplican la ley para evitar que las mujeres enfrenten nuevamente procesos de revictimización al buscar justicia.
González Cázares también especialista en derecho constitucional y amparo advirtió que, cuando no hay capacitación suficiente en ministerios públicos, juzgados, instancias de atención y operadores jurídicos, las mujeres terminan encontrándose con los mismos obstáculos que la ley intentó derribar. “Cuando hay una reforma, pues quienes operan jurídicamente, si no están capacitados, pues no se logra efectivamente que se accese y que se juzgue o que se lleven los procesos… y entonces es cuando existe una re-victimización”.
Derechos conquistados desde la movilización social
La coordinadora y académica de la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP, María Suhey Tristán Rodríguez, ubicó entre los logros más relevantes la interrupción legal del embarazo, no sólo por lo que implica en términos de acceso a un servicio, sino por el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir su propio proyecto de vida.
Pero enseguida introdujo una de las claves más fuertes del debate: la mayoría de estos avances no surgieron por voluntad espontánea del poder, sino como resultado de presiones colectivas, luchas sociales y litigios estratégicos. “No fue una dádiva que viene del Congreso. Ha sido una lucha de muchísimos años, de muchísimas mujeres colectivas”.
En ese sentido, Tristán Rodríguez sugirió que estas conquistas también corren el riesgo de diluirse cuando se descontextualizan de las luchas que las hicieron posibles. Señaló que en coyunturas como el 8 de marzo es frecuente que actores políticos intenten apropiarse de agendas feministas o presentarlas como logros institucionales, cuando en realidad han sido resultado de años de organización y presión social.
La académica también recordó que, además de la interrupción legal del embarazo, ha habido otras conquistas relevantes como la tipificación del feminicidio, el reconocimiento estatal y federal de distintas violencias contra las mujeres —incluidas la violencia obstétrica, laboral, institucional y vicaria— y la propia existencia de leyes de acceso a una vida libre de violencia.
No obstante, insistió en que los avances legislativos no deben confundirse con transformaciones consumadas. “Luego pensamos que cuando un derecho lo logramos legislar, pues ya todo va a ser maravilloso. Y no es cierto”. Añadió que otro riesgo es asumir los derechos como si fueran algo automático, desvinculados de las luchas que los hicieron posibles. “A veces pareciera que los derechos son de ventanilla”.
Cuando la ley existe, pero las políticas públicas no
Desde su perspectiva, muchas reformas no vienen acompañadas de políticas públicas suficientes ni diseñadas desde el territorio. “Política sin recurso es discurso”.
Tristán Rodríguez explicó que en numerosas ocasiones las políticas se construyen desde escritorios lejanos y sin escuchar a las destinatarias, por lo que terminan sin responder a las necesidades reales de mujeres indígenas, jóvenes, estudiantes, mujeres rurales o ejidatarias. “Hay política pública diseñada desde los grandes edificios en Ciudad de México, que en nada responden a la realidad material, concreta de las mujeres”.
La especialista incluso relató casos recientes que muestran cómo la distancia entre legislación y práctica sigue produciendo choques institucionales. Mencionó, por ejemplo, el caso de una mujer que tras una interrupción del embarazo terminó enfrentando la intervención del Ministerio Público desde el hospital, así como los vacíos que subsisten en universidades o instituciones frente a mujeres que deciden interrumpir legalmente su embarazo y luego enfrentan cuestionamientos o falta de protocolos claros para su atención.
También señaló que, en el caso de la violencia vicaria, sigue habiendo operadores que tergiversan o aplican de forma perversa herramientas que surgieron de las luchas de las mujeres.
En esa misma línea, Tristán Rodríguez planteó que el problema no siempre pasa por seguir reformando sin pausa, sino por corregir, aplicar y hacer exigibles las normas existentes. Puso como ejemplo el artículo 222 del Código Familiar, al que calificó como una disposición todavía atravesada por lógicas patriarcales, al mantener restricciones para que una mujer casada registre a un hijo con apellidos distintos a los del marido sin mediar divorcio o sentencia.
A su juicio, el orden jurídico aún conserva disposiciones que evidencian el control histórico sobre la vida reproductiva y familiar de las mujeres; junto a ello, cuestionó la lógica legislativa de presentar múltiples iniciativas como sinónimo de productividad política. “Deberían dejar a un lado los discursos partidistas y esta lógica de productividad, aunque sea sin sentido, y preocuparse por el centro… que es crear reformas concretas que resulten eficaces más que las disputas entre partidos”.
De los avances legales a la deuda institucional
La doctora en Ciencias Sociales Varinia Hernández Cruz, abogada, historiadora y participante del feminismo potosino desde finales de los años ochenta y principios de los noventa, aportó al análisis una perspectiva de larga duración: para ella, sí ha habido cambios significativos en San Luis Potosí, tanto en el terreno legislativo como en el debate público si se coloca en una perspectiva histórica.
Recordó que, décadas atrás, el propio orden jurídico contenía disposiciones abiertamente discriminatorias. “En los años ochenta se hablaba de cómo las mujeres tenían que pedir permiso a los hombres, a sus maridos, las mujeres casadas, para poder llevar a cabo algún tipo de contrato”, recordó, por lo que frente a ese pasado, reconoció avances en la armonización local de la Ley General de Acceso, la Ley de Igualdad, el Código Familiar y las reformas penales vinculadas al feminicidio.
Aun así, Hernández Cruz sostuvo que las leyes deben seguir adecuándose a nuevas realidades y violencias que antes ni siquiera habían sido plenamente visibilizadas.
Sobre las múltiples reformas a la Ley de Acceso local, consideró que no representan necesariamente una falla en sí mismas, sino la prueba de que se trata de una norma viva. “Todas las leyes son perfectibles, las leyes son entes vivos y tienen que ir ajustándose a las nuevas realidades o a las viejas realidades que no hemos visibilizado aún”.
Desde su óptica, el hecho de que recientemente se haya reconocido el acoso callejero como otra forma de violencia da cuenta de que todavía existen conductas cotidianas que tardan años en ser nombradas y atendidas institucionalmente.
No obstante, al pasar del plano legal al de la justicia concreta, su balance es mucho menos optimista. Hernández Cruz, quien ha investigado sentencias emblemáticas de feminicidio, destacó que la confianza en las instituciones sigue siendo frágil.
“La justicia para las mujeres no es un tema totalmente transparentado no es un tema en el cual podamos tener al 100% confianza, es un tema en el que como mujeres tenemos que ir visibilizándolo más, tenemos que ir incidiendo más, presionando (…) porque efectivamente la justicia en México es lenta y muchas veces pues ni siquiera llega”.
Esa falta de respuesta institucional no solo se expresa en los procesos penales, sino también en la implementación de medidas preventivas y de seguridad.
En ese punto, la investigadora introdujo otro de los temas más locales y delicados: la Alerta de Violencia de Género. Recordó que San Luis Potosí cuenta con este mecanismo desde 2017 y cuestionó que incluso se hable de retirar municipios del esquema cuando muchas de las medidas no se han cumplido integralmente.
“Seguimos viendo que no funcionan las cámaras del municipio, seguimos viendo que hay muchas calles que no tienen alumbrado”.
Para Hernández Cruz, cambiar de nombre o rediseñar el mecanismo no garantizará por sí mismo mejores resultados. “Pueden cambiarle el nombre al mecanismo, pueden mejorarlo si así se considera, pero falta tener mucha sensibilidad entre los servidores públicos para realmente entender las implicaciones que lleva el ejecutar en realidad este tipo de medidas”.
Además del rezago institucional, Hernández Cruz llamó a no perder de vista otro fenómeno: la banalización o superficialidad con la que en ocasiones se asumen las causas feministas.
Aunque celebró que hoy exista mucha más visibilidad, marchas masivas y discusión pública, también consideró que no todo activismo es necesariamente convicción política profunda. “No es suficiente una marcha, una movilización hay que seguir haciendo foros, mesas de discusión, programas de radio”, planteó. A su juicio, la movilización debe ir acompañada de reflexión, propuestas de agenda y exigencia real a universidades, municipios, Congreso y gobierno estatal.
La propia historia del feminismo local ilustra el contraste. “Hace 30, 35 años pues no era un tema que interesara tanto ni siquiera a las mujeres”, recordó Hernández Cruz, quien añadió que en aquellos años el feminismo en San Luis Potosí estaba conformado por “un grupito muy pequeño” que difícilmente habría imaginado las movilizaciones multitudinarias de hoy. Esa ampliación del debate, sin embargo, no ha resuelto el fondo del problema: la persistencia de la violencia y la incapacidad institucional para responder a la altura de los marcos normativos que el propio Estado ha construido.
En conjunto, las tres especialistas dibujan una conclusión incómoda pero clara para San Luis Potosí: la entidad sí ha avanzado en el reconocimiento legal de derechos y violencias, pero la agenda pendiente ya no puede medirse solo por el número de reformas aprobadas.
El verdadero examen está en otra parte: en la capacitación de operadores, la existencia de recursos, la construcción de políticas públicas territoriales, la corrección de vacíos normativos concretos, el cumplimiento de la alerta de género y la capacidad del Estado para ofrecer justicia sin revictimización.