Cámaras empresariales proponen reglamento para la zona industrial ante ambigüedades en el decreto actual y conflictos entre estado y municipio.
Empresarios de distintas cámaras plantearon al Congreso del Estado la necesidad de emitir un reglamento que complemente el decreto vigente de la zona industrial, al advertir vacíos en su aplicación, falta de claridad en el uso de suelo y ambigüedad en las responsabilidades de mantenimiento e infraestructura.
Durante una reunión de la Comisión de Desarrollo Territorial, la coordinadora de la alianza empresarial, Imelda Elizalde Martínez, señaló que este acercamiento busca mantener “un diálogo abierto para poder hacer propuestas de valor” que fortalezcan las iniciativas relacionadas con el desarrollo económico.
En la exposición, el vicepresidente de CANACINTRA, Ónix Ponce Lomas, explicó que la zona industrial —de más de 2 mil 500 hectáreas y más de 600 empresas— arrastra rezagos en infraestructura y ordenamiento. Aunque reconoció avances en el decreto actual, advirtió que pudo haberse enriquecido con mayor participación del sector.
Entre las principales propuestas, destacó la actualización del polígono, ya que actualmente incluye espacios que no corresponden a su vocación industrial. “Incluye al Centro de Prevención y Rehabilitación Social, incluye una comunidad, incluye una comunidad que se llama La Noria, incluye la zona habitacional, incluye parte de la carretera central”, señaló que incluso el documento hace referencia a Villa de pozos como delegación y no como nuevo municipio.
También pidió precisar las competencias entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento en el uso de suelo, tras la controversia generada por la interpretación del decreto. Aclaró que la intención no es desplazar al municipio, sino evitar confusiones sobre quién autoriza nuevas instalaciones.
Otro punto central es la delimitación de actividades permitidas. Advirtió que la redacción actual permite giros incompatibles con la actividad industrial: “pudiéramos tener incluso algún restaurante al lado de una industria peligrosa. O un kinder cualquier cosa pudiera ser no compatible”.
A esto se suma la falta de definición sobre quién debe encargarse de servicios básicos. “Hoy por hoy nos tiene en este dilema de quién debería de ser responsable de los semáforos, del bacheo”.
Ante este escenario, los organismos empresariales propusieron un reglamento que permita establecer criterios más claros mientras el decreto sigue vigente, incluyendo su participación en la evaluación de nuevos proyectos dentro de la zona industrial.
Desde el Congreso, el diputado César Lara Rocha reconoció que el decreto buscó responder al crecimiento de actividades comerciales y de servicios en la zona industrial, y aseguró que no se pretendía generar riesgos. “Nunca pensamos en poner en riesgo a la ciudadanía (…) siempre tratamos de hacer una modificación por el crecimiento que vemos”.
El legislador indicó que la propuesta será analizada por la comisión y por la Secretaría de Desarrollo Económico, y planteó dar continuidad a las mesas de trabajo con el sector empresarial.
Por su parte, representantes de organismos coincidieron en la importancia de mantener el diálogo. Rodrigo Sánchez señaló que este tipo de encuentros permiten “participar en la revalorización de las leyes” y evitar decisiones sin consulta previa.