El diagnóstico “Nuestra presencia es política” reveló que la mayoría de candidatas y militantes vivieron agresiones o conocen casos cercanos, pero muchas no denuncian por miedo o desconfianza.
Aunque en el proceso electoral 2024 en San Luis Potosí se registraron menos denuncias formales por violencia política en razón de género, la realidad en territorio cuenta otra historia: la mayoría de las mujeres que participaron en política vivieron violencia o conocen casos cercanos.
Así se expuso durante la presentación del diagnóstico “Nuestra presencia es política”, donde autoridades electorales y especialistas advirtieron que la violencia contra mujeres en la política no ha desaparecido, solo se denuncia menos.
“La mayor parte de las militantes y candidatas encuestadas manifestaron haber vivido situaciones de violencia o bien conocer a alguna mujer que las vivió”, se explicó durante la exposición del estudio.
El problema, señalaron, es que muchas de estas agresiones no llegan a denunciarse, principalmente por miedo a represalias o por desconocimiento de los mecanismos institucionales.
Desde el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), su presidenta, Paloma Blanco López, advirtió que la participación política de las mujeres sigue implicando riesgos: “Cada mujer que decide participar en la vida política (…) lo hace sabiendo que desafiará estructuras históricas y patriarcales que han buscado limitarla”.
El diagnóstico también revela que la violencia política funciona como un filtro de exclusión, ya que limita no solo el acceso a cargos, sino también la permanencia y el ejercicio del poder.
Entre las formas más comunes se identificaron la violencia simbólica, amenazas y presiones, particularmente en candidaturas a presidencias municipales, consideradas de mayor riesgo.
Además, se señaló directamente a los partidos políticos como espacios clave donde esta problemática se origina o se permite: “Es en los partidos donde se definen las candidaturas (…) donde se construyen o se obstaculizan las trayectorias políticas de las mujeres”.
El estudio incorporó encuestas, entrevistas y grupos focales con mujeres candidatas, militantes y electas, lo que permitió no solo medir el fenómeno, sino también recoger testimonios y experiencias reales.
Desde la organización Educación y Ciudadanía (Educiac), se insistió en que el reto no es solo normativo, sino cultural:
“La violencia no debe considerarse como un costo por participar en la política”.
El diagnóstico concluye que, aunque hay avances institucionales, la violencia política en razón de género sigue siendo estructural, por lo que urge fortalecer la prevención, mejorar los mecanismos de atención y garantizar condiciones reales de participación.
Más que un cierre, el documento fue presentado como un punto de partida para evidenciar una problemática que, aunque menos visible en cifras oficiales, sigue presente en la experiencia cotidiana de las mujeres en la política potosina.