La reducción será gradual hasta 2030 y mantiene solo un día obligatorio de descanso, lo que provocó protestas afuera del recinto.
El Congreso del Estado aprobó la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, en medio de protestas de trabajadores que acusaron que el cambio no garantiza mejores condiciones reales de descanso ni entrará en vigor de inmediato.
La minuta fue avalada con 25 votos a favor, lo que coloca a San Luis Potosí como uno de los primeros estados en aprobarla, mientras afuera del recinto integrantes del Frente Nacional por las 40 horas, capítulo San Luis Potosí, se manifestaron contra lo que llamaron una reforma “con letras chiquitas”.
Aunque la reforma establece la reducción de la jornada laboral, su aplicación será gradual. De acuerdo con el dictamen aprobado por el congreso de la unión, en 2026 se mantendrá la jornada de 48 horas semanales; en 2027 bajará a 46; en 2028 a 44; en 2029 a 42; y será hasta 2030 cuando se alcance finalmente el esquema de 40 horas, sin reducción de salarios o prestaciones.
Además, la reforma mantiene el modelo actual de descanso, es decir, seis días de trabajo por uno de descanso, lo que generó críticas de trabajadores y legisladores que exigían dos días obligatorios.
Integrantes del Frente Nacional por las 40 horas rechazaron la reforma al considerar que no responde a las demandas reales de la clase trabajadora.
Desde su postura, el aumento del límite de horas extra de 9 a 12 por semana, el nuevo esquema de pago y la implementación gradual representan un retroceso.
En entrevista, señalaron que se trata de una “mal llamada reforma” que consideran “tramposa y traicionera”, y advirtieron que no garantiza mejores condiciones laborales.
“No estamos conformes con la gradualidad”, afirmaron, al advertir que buscarán acciones legales y que la aprobación tendrá “un coste político”.
Congreso defiende la reforma como un avance social
Desde la tribuna, el diputado Carlos Arreola Mallol defendió el dictamen al señalar que la reforma busca equilibrar la vida laboral y personal.
“El trabajo dignifica sí, pero la dignidad exige equilibrio y justicia social”, afirmó.
Sostuvo que la medida “no es contra el sector productivo, ni contra la inversión”, sino “una apuesta por un modelo de desarrollo más humanista”.
En el mismo sentido, el diputado Crisógono Pérez López señaló que la reforma responde a una necesidad de salud laboral.
“Trabajar no debe significar sacrificar la vida personal, la convivencia familiar o la salud física y emocional”.
A pesar de todos votar a favor, algunos legisladores señalaron limitaciones. El diputado Marco Antonio Gama advirtió que “un solo día de descanso no es suficiente” y que la reforma “no cumple plenamente con las demandas”.
Por su parte, el diputado del PAN Rubén Guajardo Barrera señaló que la reducción se promueve “con letras chiquitas”, al advertir que mantiene seis días laborales y amplía el límite de horas extra.
Desde el PRI, la diputada Sara Rocha Medina cuestionó el plazo de implementación. “No podemos decirle a la población trabajadora que nos espere hasta el 2030”, expresó.
El Congreso defendió que la reforma busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, al reducir una de las jornadas laborales más largas del mundo.
Sin embargo, el debate evidenció que el cambio aún genera inconformidad entre trabajadores, quienes reclaman una reducción inmediata y condiciones que garanticen mayor descanso.
La reforma entrará en vigor tras su aprobación en por lo menos 17 congresos locales para proceder a su publicación oficial, aunque sus efectos completos no se verán sino hasta el final de la década.